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Corte Constitucional tumba ‘sesiones virtuales’ y obliga a los congresistas a asistir al capitolio

Aunque la pandemia ha obligado a muchos negocios y entidades a “reinventarse”, la Alta Corte determinó que las sesiones virtuales son insuficientes ante las necesidades legislativas del país.

Tras un fuerte debate que se extendió durante 3 días, la Alta Corte declaró como inconstitucional el decreto que permite las sesiones del Congreso de manera virtual, pues, aunque las medidas de aislamiento se han hecho necesarias para casi todos los rubros y servicios, la misma estructura y desarrollo de las sesiones virtuales fueron consideradas como insuficientes por los togados.

No obstante, la votación que se llevó a cabo por la Corte Constitucional mostró serias diferencias entre los magistrados que la conforman, ya que el resultado de la votación terminó con 5 votos en contra de las sesiones virtuales, contra 4 de aprobación. La decisión fue defendida al tiempo que se pidió que al reiniciar las plenarias de manera corriente se den garantías para la salud de los parlamentarios, asistentes y demás empleados que integran el Congreso.

Otro de los aspectos que aclaró la Corte, luego de tumbar la virtualidad de las plenarias, fue que su decisión no afectará la efectividad de las medidas y proyectos aprobados en los últimos meses, como por ejemplo la cadena perpetua contra abusadores de niños, ya que su decisión no resta legalidad a la forma en que se dieron las sesiones por medio de videoconferencias, amparadas en su momento por el artículo 12 del decreto presidencial 491.

“En consecuencia, se presume la regularidad de las decisiones del Congreso exclusivamente desde el  aspecto de la virtualidad de las deliberaciones y sesiones de la Corporación, porque fueron emitidas al amparo del artículo 12 del Decreto 491 de 2020″, señaló el magistrado Alberto Rojas.

Mientras tanto, congresistas como el representante David Racero y el senador Jorge Enrique Robledo, celebraron la decisión de la Corte explicando que desde un principio hubo un abuso de poder por parte del presidente Duque al autorizar los tiempos y la forma en que los parlamentarios podían legislar.