Procuraduría formula cargos contra exfuncionarios de la Ungrd por contrato con Alfredo Saade
El ente de control investiga presuntas irregularidades en la contratación del hoy embajador en Brasil, incluyendo posibles fallas en la verificación de requisitos y en la supervisión de informes.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por presuntas irregularidades en un contrato adjudicado en 2023 a Alfredo Saade.
El proceso disciplinario se centra en la actuación de Víctor Andrés Meza y Ana María Castaño, quienes habrían incumplido sus funciones al aprobar y supervisar un contrato cercano a los 257 millones de pesos.
Según la Procuraduría, los exfuncionarios podrían haber incurrido en faltas graves al no verificar adecuadamente los requisitos exigidos para la contratación ni los productos entregados por el entonces contratista.
La investigación se originó tras denuncias del abogado y hoy congresista electo Daniel Briceño, quien cuestionó la autenticidad de los informes presentados por Saade y la utilidad de su trabajo dentro de la entidad.
De acuerdo con el ente de control, uno de los puntos clave es que la exsecretaria Castaño habría certificado sin suficiente respaldo la experiencia de Saade, apoyándose en una declaración juramentada relacionada con su labor en una fundación. Sin embargo, la Procuraduría sostiene que ese tipo de documento no era válido en las condiciones en que fue presentado.
En el caso de Meza, las dudas se centran en la supervisión del contrato. Según la revisión de la entidad, de 28 documentos entregados como soporte, solo uno evidenciaría intervención directa del contratista. Además, se identificaron informes repetidos en distintos periodos, lo que incrementó las sospechas sobre el cumplimiento del objeto contractual.
El contrato, firmado en 2023, contemplaba pagos mensuales cercanos a los 20 millones de pesos por un periodo de 12 meses, aunque fue terminado de forma anticipada en octubre de ese año a solicitud del propio Saade, quien alegó motivos personales.
El hoy embajador en Brasil no figura formalmente como investigado dentro de este proceso disciplinario, aunque su papel como contratista ha sido objeto de cuestionamientos públicos.
El caso también se relaciona con el paso de Saade por la entidad, en un contexto en el que mantenía cercanía política con el gobierno del presidente Gustavo Petro, tras haber participado en su campaña y ocupar cargos en la Casa de Nariño.
Durante ese periodo, la Ungrd era dirigida por Olmedo López, quien defendió en su momento la idoneidad de Saade para labores sociales, especialmente en programas comunitarios.
La Procuraduría concluyó que las presuntas irregularidades podrían constituir faltas gravísimas por vulnerar principios como la responsabilidad y la eficacia en la función pública, por lo que los exfuncionarios deberán presentar sus descargos en las siguientes etapas del proceso.
