Fiscalía pide arresto contra Nicolás Petro por no asistir a audiencias presenciales
El hijo del presidente enfrenta un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; el juez deberá decidir si impone la sanción solicitada.
La Fiscalía solicitó cinco días de arresto contra Nicolás Petro por no asistir de forma presencial a las audiencias de su proceso judicial en Barranquilla, lo que —según el ente acusador— constituiría un incumplimiento de órdenes judiciales.
La solicitud fue presentada por la fiscal Lucy Laborde ante el juzgado que lleva el proceso, argumentando que el acusado no ha comparecido presencialmente a las diligencias programadas en el Juzgado 2 Especializado de Barranquilla.
De acuerdo con la Fiscalía, esta conducta podría derivar en una sanción de arresto de hasta cinco días, en aplicación del artículo 143 del Código de Procedimiento Penal, que contempla medidas frente al desacato o incumplimiento de órdenes judiciales.
El argumento de la defensa de Nicolás Petro ha sido que no puede trasladarse desde Bogotá a Barranquilla debido a su inclusión en la llamada “Lista Clinton”, lo que —según afirmó— le impediría adquirir tiquetes aéreos.
Sin embargo, la Fiscalía cuestionó esta versión al asegurar que el procesado ha sido visto en otras ciudades del país. Según la fiscal Laborde, existen evidencias de desplazamientos a Cartagena y Santa Marta incluso después de su inclusión en dicha lista.
“Es un contrasentido jurídico y fáctico”, señaló la funcionaria, al considerar que el acusado sí tendría capacidad logística para movilizarse y asistir a las audiencias.
El juez del caso, Hugo Carbonó, será quien determine si procede o no la solicitud de arresto. Para ello, pidió a la Fiscalía formalizar el requerimiento por escrito.
Por su parte, Nicolás Petro aseguró que ha cumplido con todas las audiencias, tanto virtuales como presenciales, y cuestionó las pruebas presentadas por el ente acusador. Incluso, sugirió en su cuenta de X que podría existir un “seguimiento ilegal” en su contra.
En un mensaje público, también responsabilizó a la fiscal del caso por cualquier eventual situación que pueda afectar su integridad o la de su familia.
El proceso judicial en su contra está relacionado con presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, habría recibido cerca de mil millones de pesos en efectivo de fuentes cuestionadas, recursos que inicialmente estarían destinados a la campaña presidencial de su padre en 2022, pero que —según la acusación— habrían sido utilizados para gastos personales.
El caso sigue en etapa judicial y se ha convertido en uno de los procesos más sensibles del panorama político y judicial del país.
