Más de $1.000 millones al mes cuesta la seguridad de cada candidato presidencial en Colombia
El Gobierno reforzó los esquemas de protección en medio de amenazas, vandalismo y alertas internacionales por la seguridad de los aspirantes.
En un contexto marcado por intimidaciones y ataques a sedes políticas, el Gobierno reveló que el esquema de seguridad de cada candidato presidencial supera los $1.000 millones mensuales. La cifra incluye cientos de uniformados, vehículos blindados y operativos especiales en todo el país.
El costo de garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales en Colombia ya supera los $1.000 millones mensuales por aspirante, según reveló el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras una reunión con delegados de partidos políticos y autoridades.
El encuentro, en el que también participó el procurador Gregorio Eljach, se centró en evaluar y fortalecer las medidas de protección de cara a la primera vuelta presidencial, en medio de un clima creciente de amenazas.
De acuerdo con el Gobierno, actualmente se han destinado 107 integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 160 policías, 29 vehículos convencionales, 39 blindados y 29 chalecos para resguardar a los candidatos. A esto se suman 198 servicios de protección para sus desplazamientos, que implican la movilización de más de 4.000 hombres.
“Cada vez que un candidato a la Presidencia o a la Vicepresidencia se desplaza, no tiene menos de 40 efectivos de la Policía”, aseguró Benedetti. Además, indicó que las campañas con mayor estructura cuentan con esquemas de al menos 30 hombres.
El refuerzo en seguridad ocurre en medio de una escalada de hechos que han encendido las alertas. En los últimos días fueron vandalizadas sedes de campaña del senador Iván Cepeda en Medellín y de la dirigente Paloma Valencia en Bucaramanga.
A esto se suma la circulación en redes sociales de una imagen con una corona fúnebre que incluía los nombres y rostros de varios candidatos presidenciales, lo que incrementó la preocupación por su integridad.
El antecedente más grave sigue siendo el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe, ocurrido el año pasado durante un acto político, cuando lideraba las encuestas.
Frente a este panorama, el ministro anunció en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (Cormpe) que se incrementará la presencia policial en las sedes de campaña para prevenir nuevos ataques.
En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su “profunda preocupación” por la seguridad de los aspirantes, en particular de Abelardo y Paloma, advirtiendo riesgos derivados tanto de amenazas directas como del impacto de grupos ilegales sobre el proceso electoral y las políticas de paz del Gobierno.
