El exalcalde de Bogotá, posteriormente condenado por el escándalo de corrupción más grande de la pasada década, habría recibido beneficios que no han sido justificados.
Crece la indignación en el país luego de conocerse la decisión tomada por los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes decidieron rebajar de 25 a 11 años y 10 meses de prisión, una de las condenas impuestas contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, el caso del ‘carrusel de contratación’.
La decisión fue tomada tras la revisión del alcance de la sentencia de segunda instancia emitida en 2019 por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en el contrato de malla vial 006 de 2008, el de valorización 180 de 2005 y la cesión del contrato 137 de 2007 para la Fase III de Transmilenio que finalmente no pudo concretarse.
Los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, fueron validados y confirmaron la condena contra el exalcalde Moreno porque se demostró que, junto a los empresarios del Grupo Nule, el abogado Álvaro Dávila, y el entonces contralor distrital Miguel Morales Russi, fueron responsable del acuerdo de pago de comisiones de éxito correspondientes a porcentajes del valor de cada uno de los contratos de malla vial de la capital del país.
“Samuel Moreno acordó la obtención de grandes beneficios económicos a cambio de favorecer a los contratistas que colaboraron con dinero y políticamente en su campaña para conseguir ser elegido como alcalde de Bogotá”, concluyó el alto tribunal sobre aquellos delitos.
No obstante, la Corte Suprema decidió absolver a Moreno por el delito de peculado por apropiación, argumentando que no se pudo comprobar ante la comisión de ese hecho criminal, el cual en su momento se cuantificó en un monto superior a los 28.000 millones de pesos.
“En ese fallo, del 7 de febrero de 2020, se declaró que en la cesión del contrato 137 de 2007 el Distrito no perdió dinero. Por lo tanto, si no se configuró el peculado por apropiación en favor de terceros, Samuel Moreno no podría tener la condición de interviniente en esa conducta. Tal cesión se entregó a Conalvías en 2010, sin que se amortizara un anticipo de 28.000 millones de pesos, valor que posteriormente fue asumido por la aseguradora Segurexpo”, concluyó la Corte.
