Jorge Iván Ospina llega a la Nueva EPS en medio de procesos judiciales: enfrenta 11 investigaciones en la Fiscalía
El recién designado interventor de la entidad de salud fue llamado a juicio por un caso de presunta corrupción relacionado con contratos públicos durante su alcaldía en Cali.
El nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS ha desatado controversia, luego de conocerse que enfrenta once investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, una de ellas ya en etapa de juicio por presuntas irregularidades en contratación pública.
De acuerdo con información revelada por medios nacionales, el exalcalde de Cali tiene abiertos once expedientes en la Dirección Seccional de Fiscalías de esa ciudad. Diez de estos procesos se encuentran en etapa preliminar, mientras que uno ya avanzó a juicio ante el Juzgado Décimo Penal del Circuito.
Este último caso está relacionado con un contrato por más de $10.300 millones para el alumbrado navideño de 2020, suscrito entre la Alcaldía de Cali y las Empresas Municipales de Cali (Emcali). La Fiscalía sostiene que dicho convenio habría sido adjudicado sin cumplir los requisitos legales y sin un proceso de licitación pública que garantizara la transparencia.
En el proceso también están vinculados Juan Diego Flórez, exgerente de Emcali, y Marco Aurelio Vera Díaz, exdirector de la Unidad Administrativa Especializada de Servicios Públicos. Según el ente acusador, los funcionarios habrían optado por un convenio interadministrativo que limitó la libre competencia en la contratación.
Los cargos que se investigan incluyen delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y omisión, violación al régimen de inhabilidades, interés indebido en la celebración de contratos y fraude a resolución judicial.
El contexto judicial de Ospina no es reciente. A lo largo de su trayectoria política ha enfrentado más de 60 investigaciones por parte de organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría, aunque la mayoría han sido archivadas.
Entre los antecedentes más relevantes se encuentran investigaciones por presuntas irregularidades en la remodelación del estadio Pascual Guerrero para el Mundial Sub-20 de 2011, así como un contrato de publicidad firmado en 2019 con una empresa creada días antes de su adjudicación.
Además, en 2023 la Contraloría ordenó el embargo de cuentas e inmuebles del exmandatario por un presunto detrimento patrimonial superior a $1.800 millones, relacionado con contratos de mantenimiento de cámaras de seguridad en Cali. Ese mismo año, la Procuraduría lo sancionó con suspensión por irregularidades en la organización de la Feria de Cali 2020.
Pese al volumen de investigaciones, hasta el momento Ospina no cuenta con una condena penal en firme. Sin embargo, su designación como interventor de la Nueva EPS ha generado cuestionamientos sobre los criterios del Gobierno para ocupar cargos estratégicos en el sistema de salud.
