Fiscalía acusa a Daniel Quintero por caso Aguas Vivas: 12 personas más irán a juicio.
El exalcalde de Medellín y varios exfuncionarios de su administración son señalados de delitos como peculado, prevaricato e interés indebido en contratos.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares, por presuntas irregularidades en la restitución de un lote conocido como Aguas Vivas.
Según el ente acusador, las 13 personas investigadas habrían participado en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de favorecer económicamente a particulares. Entre los delitos imputados están peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Los implicados
Entre los exfuncionarios procesados figuran Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e); Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Contratación; Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección de Proveedores; y Fabio Andrés Trujillo García, exsecretario General de la Alcaldía.
Los particulares vinculados son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, tenedores del predio en cuestión.
Presuntas irregularidades
De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, entre febrero de 2020 y mayo de 2023 los implicados habrían intentado modificar las condiciones de cesión gratuita del lote para transformarlo en una compraventa. El objetivo, según la Fiscalía, era pagar más de 40.500 millones de pesos a los particulares, equivalentes al valor comercial del predio.
Tras el fracaso de ese trámite, la Fiscalía sostiene que Quintero y su entonces secretario General, Fabio Andrés Trujillo, habrían expedido actos administrativos irregulares para aumentar el avalúo del terreno, entregarlo a los particulares y habilitar desarrollos urbanísticos prohibidos en el POT.
La acusación avanza hacia la etapa de juicio, en la que la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad penal de los 13 procesados.
