Fiscalía podría reactivar tres procesos contra Uribe por crímenes de lesa humanidad
La defensa del expresidente asegura que los casos de El Aro, La Granja y el homicidio de Jesús María Valle ya fueron evaluados por la justicia y que no existen pruebas nuevas que sustenten una reapertura.
El nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió al centro del debate judicial luego de que se conociera que la Fiscalía estaría evaluando la posibilidad de reactivar investigaciones relacionadas con masacres y homicidios ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa. Su defensa sostiene que se trata de procesos cerrados hace más de 20 años y sin fundamentos jurídicos para ser reabiertos.
En los últimos días, el propio Álvaro Uribe alertó, a través de sus redes sociales, sobre una eventual revisión de su situación judicial por hechos ocurridos cuando fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Según el exmandatario, sus abogados preparan solicitudes formales ante la Fiscalía para reiterar que ya existieron decisiones judiciales en esos expedientes
“Mis abogados preparan una solicitud a la Fiscalía y espero enviar una carta a la señora fiscal sobre los hechos”, señaló Uribe, quien además cuestionó que las acusaciones en su contra hayan sido impulsadas por fiscales nombrados durante la administración de Eduardo Montealegre, alegando posibles conflictos de interés.
Las investigaciones mencionadas están relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Aunque el nombre del expresidente ha sido mencionado en estos procesos desde hace décadas, su defensa recalca que nunca hubo una vinculación formal ni imputaciones en su contra.
En un documento elaborado por su abogado, Jaime Granados, se sostiene que no existen elementos probatorios nuevos que justifiquen reabrir investigaciones que, según afirma, fueron objeto de exhaustivas revisiones por parte de la justicia ordinaria. A juicio del jurista, los señalamientos que resurgen periódicamente responden a narrativas políticas y testimonios contradictorios ya valorados judicialmente.
Uno de los casos más sensibles es el de la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997, en la que 15 campesinos fueron asesinados por las Autodefensas. Algunos testimonios señalaron la supuesta presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la incursión paramilitar, versión recogida en un fallo de Justicia y Paz de 2015 que compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara.
Frente a esos señalamientos, Granados aseguró que no existe acreditación judicial de que una aeronave oficial haya sobrevolado la zona. Según la defensa, bitácoras de vuelo, peritajes de la Aeronáutica Civil y testimonios de pilotos descartan la presencia de helicópteros de la Gobernación durante los hechos, y atribuyen esas versiones a confusiones en medio del terror vivido por la población.
La defensa también recuerda que el testimonio de Francisco Villalba Hernández, quien afirmó haber visto al entonces gobernador felicitando a los responsables de la masacre, fue controvertido con registros oficiales de agenda que ubican a Uribe en Medellín y Bogotá en las fechas señaladas.
En cuanto a la masacre de La Granja, ocurrida en 1996 en Ituango, donde cinco personas fueron asesinadas, los abogados del expresidente señalan que el marco constitucional de la época limitaba el rol del gobernador a funciones administrativas, sin mando operativo sobre la Fuerza Pública. Además, citan actas de Consejos de Seguridad en las que la Gobernación solicitó refuerzos militares para la zona.
Respecto al homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998, la defensa subraya que no existe un nexo causal probado que vincule a Uribe con ese crimen. Por ese asesinato fueron condenados los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio, quienes también han sido investigados por su participación en otras masacres en el norte de Antioquia.
Granados cuestionó además la credibilidad de algunos testigos, incluidos exjefes paramilitares, que han modificado sus versiones con el paso del tiempo. Según el abogado, esas contradicciones obligan a una valoración estricta de sus declaraciones.
Finalmente, frente a las críticas por el impulso a las asociaciones Convivir, la defensa recordó que estas se crearon bajo un marco legal nacional y que eventuales delitos cometidos por algunos de sus integrantes no pueden trasladarse automáticamente como responsabilidad penal al entonces gobernador. Para los abogados de Uribe, una eventual reapertura de estos procesos afectaría la seguridad jurídica, mientras que sectores de víctimas y defensores de derechos humanos insisten en que los hechos deben seguir siendo esclarecidos.
