Proyecto de ley propone multas millonarias y posible prohibición total de plataformas como Uber y Didi en Colombia
La iniciativa del Ministerio de Transporte y la Superintendencia apunta a catalogar como “servicio ilegal” la movilidad intermediada por aplicaciones digitales, con fuertes sanciones e inmovilización de vehículos.
Un proyecto de ley radicado en el Senado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte encendió las alarmas en plataformas de movilidad digital como Uber, Didi, Cabify, inDrive y Yango, al plantear medidas que podrían llevar a la prohibición de su operación en Colombia, establecer multas de hasta cientos de millones de pesos y facultar a las autoridades a cerrar servicios sin orden judicial.
La iniciativa legislativa busca modificar el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte para definir como ilegal toda prestación de transporte de personas o carga en vehículos particulares sin autorización oficial, lo que abarca a aplicaciones móviles de transporte que operan fuera de un marco regulatorio formal.
Según el borrador del texto, los conductores y propietarios de vehículos intermediados por estas plataformas podrían enfrentar multas de hasta 726 millones de pesos, y sus vehículos serían suscitados a inmovilización por periodos de hasta 60 días desde la primera infracción, mucho más altos que los actuales.
Además de sanciones económicas y administrativas, el proyecto de ley plantea que autoridades como alcaldes y la Policía Nacional prioricen la persecución de estas actividades, e incluso les permita ordenar el cierre de plataformas digitales sin necesidad de una orden judicial previa, un punto que ha generado preocupación entre conductores y operadores.
La iniciativa afecta a un sector que actualmente opera en una zona legal gris, sin un marco de regulación específico que permita su operación regularizada, lo que ha sido motivo de debate en años recientes en Colombia ante el crecimiento de estas aplicaciones y su uso extendido por millones de usuarios en ciudades del país.
Representantes de las plataformas han advertido que, de aprobarse tal como está planteado, más de 1,28 millones de cuentas de conductores y millones de usuarios podrían verse afectados, al tiempo que asociaciones como Alianza In han señalado que la iniciativa conllevaría la prohibición práctica de estos servicios e impactaría negativamente en la movilidad y en la generación de ingresos para quienes trabajan a través de estas apps.
El proyecto debe aún ser debatido y aprobado por el Congreso, donde enfrentará análisis técnico y político antes de avanzar hacia su posible promulgación.
