Corte Constitucional tumba emergencia económica del Gobierno Petro y deja en suspenso medidas fiscales clave
El alto tribunal declaró inconstitucional el decreto expedido en diciembre de 2025 y mantuvo congeladas otras disposiciones mientras define su legalidad
La Corte Constitucional dejó sin efectos el estado de emergencia económica decretado por el Gobierno de Gustavo Petro y mantuvo suspendidas varias medidas fiscales asociadas, al considerar que no se cumplían los requisitos constitucionales para su adopción.
Cae el decreto que sustentaba la emergencia
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país.
La decisión se adoptó mediante la Sentencia C-075 de 2026, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, dentro del expediente RE-387.
Con este fallo, el decreto pierde vigencia y deja de producir efectos jurídicos, lo que implica un revés para la estrategia económica del Ejecutivo.
Las medidas fiscales seguirán suspendidas
Además de tumbar la emergencia, la Corte determinó que otros decretos derivados —como el 1474 de 2025 y el 044 de 2026— continuarán sin aplicarse mientras se toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.
Esto mantiene en pausa varias de las iniciativas fiscales planteadas por el Gobierno para enfrentar lo que ha denominado una crisis fiscal.
El argumento central: no había condiciones excepcionales
En la ponencia, el magistrado Camargo sostuvo que los hechos presentados por el Gobierno no cumplían con los criterios de imprevisibilidad y excepcionalidad exigidos por la Constitución.
Según ese análisis, la declaratoria de emergencia no podía justificarse como un mecanismo válido y representaba una tensión con las competencias del Congreso.
El paquete fiscal que buscaba el Gobierno
El decreto pretendía habilitar al Ejecutivo para implementar reformas con las que esperaba recaudar cerca de $11 billones.
Entre las medidas propuestas estaban:
- Aumento del IVA a licores del 5% al 19%
- Incremento del impuesto de renta a entidades financieras hasta el 50%
- Nuevos gravámenes al sector minero-energético
- Impuestos adicionales a cigarrillos, vapeadores y bienes de lujo
- Extensión del impuesto al patrimonio
El Gobierno había argumentado que estas acciones eran necesarias para evitar un riesgo fiscal y garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras.
Decisión dividida en la Corte
El fallo no fue unánime. Los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron parcialmente su voto.
Sus argumentos serán conocidos en el texto completo de la sentencia, que se publicará en los próximos días.
