SIC impone millonaria sanción a Rappi por fallas en servicio y cobros no autorizados
La autoridad detectó problemas en entregas, atención al cliente y publicidad engañosa en la plataforma digital.
La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Rappi con multas superiores a los $4.000 millones tras evidenciar múltiples vulneraciones a los derechos de los consumidores en Colombia.
La decisión se dio luego de dos investigaciones administrativas independientes en las que la entidad identificó fallas estructurales en la prestación del servicio. Entre los principales hallazgos se destacan problemas en la calidad de las entregas, productos en mal estado o incompletos, y retrasos que afectaron la experiencia de los usuarios.
Además, la SIC documentó casos en los que los productos simplemente no fueron entregados, pese a haber sido pagados, lo que constituye una vulneración directa al derecho del consumidor.
Otro de los puntos críticos fue la atención al cliente. Según la autoridad, los usuarios enfrentaron dificultades para tramitar sus quejas, con demoras prolongadas en los canales de atención y limitaciones para contactar directamente a un asesor humano, debido al uso predominante de respuestas automatizadas.
En materia de cobros, la investigación también detectó cargos no autorizados, especialmente en membresías, así como falta de claridad en la información de precios por unidad, lo que impidió a los usuarios tomar decisiones de compra informadas.
La entidad también encontró prácticas de publicidad engañosa. En particular, el servicio “Turbo” fue promocionado con entregas en 10 minutos que, en múltiples casos, no se cumplieron. A esto se sumaron promociones sin información completa sobre condiciones clave como vigencia, requisitos o disponibilidad.
La Superintendencia resaltó que la compañía presenta antecedentes de sanciones similares, lo que agrava la situación y evidencia una reincidencia en el incumplimiento de la normativa de protección al consumidor.
Finalmente, la entidad reiteró su compromiso de vigilar el comercio electrónico en el país y garantizar que las plataformas digitales cumplan con estándares de transparencia, calidad y respeto por los derechos de los usuarios.
