Gobierno busca formalizar trabajo en Rappi y DiDi con nuevo esquema de seguridad social
La iniciativa busca formalizar a repartidores con un nuevo esquema de seguridad social y clasificación laboral entre autónomos y subordinados.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro prepara un decreto para reglamentar las condiciones laborales de los repartidores en plataformas digitales como Rappi y DiDi, con el objetivo de reducir la informalidad y garantizar acceso a seguridad social.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, avanza en la elaboración de una normativa que establecerá un marco claro para quienes prestan servicios de reparto a través de aplicaciones digitales.
Uno de los principales cambios será la clasificación de los trabajadores en dos categorías: autónomos y subordinados. En el caso de los subordinados, deberán cumplir horarios y directrices de la plataforma, pero tendrán acceso a derechos laborales plenos, incluyendo salario mínimo y prestaciones.
Por su parte, los trabajadores autónomos podrán mantener mayor flexibilidad, aunque deberán integrarse al sistema de seguridad social mediante un esquema de cotización compartida con las plataformas.
El decreto plantea que el ingreso base de cotización se calculará sobre el 40 % de los ingresos mensuales generados por los repartidores, lo que busca adaptarse a la naturaleza variable de este tipo de trabajo.
Actualmente, la mayoría de repartidores en Colombia opera bajo esquemas informales o independientes. Según cifras del sector, cerca del 99,9 % trabaja bajo esta modalidad, lo que ha dificultado su acceso a protección social.
Para responder a este desafío, el Gobierno implementará una plataforma tecnológica —desarrollada junto al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones— que permitirá registrar a los trabajadores, calcular sus aportes y canalizar las contribuciones tanto de las empresas como de los repartidores.
La iniciativa también se enmarca en una estrategia más amplia para combatir la informalidad laboral, que según el DANE afecta a cerca del 55 % de los trabajadores en el país.
En ese contexto, el Gobierno busca extender este modelo a otros sectores de la economía popular, como trabajadoras domésticas, agricultores y recicladores, mediante mecanismos como las bases de protección social y su articulación con programas como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).
El plan contempla formalizar a cerca de 440.000 repartidores, además de otros grupos laborales con altos niveles de informalidad.
Para el sector empresarial, la implementación del decreto implicará ajustes en sus estructuras de costos. Sin embargo, desde el gremio se ha señalado disposición para avanzar en la formalización, aunque aún está por definirse cómo se distribuirán estos nuevos costos entre empresas y usuarios.
El Gobierno sostiene que esta medida representa un paso clave para adaptar la legislación laboral a las dinámicas de la economía digital, equilibrando la necesidad de protección social con la flexibilidad que caracteriza este tipo de empleo.
