La ministra María Fernanda Rojas exigió respaldo técnico para cualquier aumento y anunció investigaciones junto con la Superintendencia de Transporte.
El Ministerio de Transporte de Colombia advirtió este viernes que cerca del 90 % de las empresas de transporte intermunicipal no ha presentado los estudios técnicos exigidos por ley para justificar los recientes aumentos de tarifas, mientras anunció que se iniciarán procesos de investigación y control para proteger a los usuarios afectados.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, señaló que solo 52 de las 519 empresas habilitadas para operar rutas intermunicipales han entregado la información requerida sobre la estructura de costos que respalda cualquier ajuste en los precios del pasaje, lo que representa aproximadamente un 10 % del total.
En un pronunciamiento oficial, Rojas enfatizó que “la ley exige soporte técnico” para autorizar subidas de tarifas y que, en caso de no cumplir con este requisito, las empresas deberán enfrentar revisiones e investigaciones que liderarán la Superintendencia de Transporte y el propio Ministerio.
“No vamos a permitir aumentos de tarifas sin sustento técnico ni sin transparencia. Los usuarios tienen derecho a saber quién cumple y quién no”, afirmó la ministra, pidiendo a las compañías que presenten la documentación correspondiente para justificar las variaciones recientes.
El llamado del Ministerio se da en el contexto de un fuerte malestar ciudadano en departamentos como Cundinamarca, donde viajeros han denunciado alzas superiores al 30 % en rutas intermunicipales desde y hacia la Sabana de Bogotá, lo que ha originado convocatorias a protestas y bloqueos.
La cartera también anunció que habilitará un módulo público en el sitio web de la Superintendencia de Transporte para que los usuarios puedan consultar desde qué fecha cada empresa ha reportado información tarifaria y cuál ha sido el valor registrado, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el control social.
Además, el Gobierno ha indicado que la investigación se suma a otros posibles incrementos en el transporte público urbano y rural que han generado tensiones con autoridades regionales, y que serán verificadas bajo la normatividad vigente para garantizar que los ajustes respondan a criterios basados en costos y no a prácticas arbitrarias.
