Petro ordena traslado de presos tras escándalo de parranda en cárcel de Itagüí
El presidente anunció medidas inmediatas luego de la polémica por una fiesta con licor, comida y música en el penal; autoridades investigan posibles irregularidades internas
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado a Bogotá de los cabecillas implicados en la polémica fiesta dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, luego de la difusión de videos que evidenciaron graves irregularidades en el centro penitenciario.
La decisión fue anunciada por Gustavo Petro durante un consejo de ministros, en el que aseguró que los responsables de la celebración serán trasladados de inmediato a una prisión en Bogotá. “Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Se acabó el tema”, afirmó el mandatario.
El escándalo estalló tras la circulación de videos grabados el pasado 8 de abril, en los que se observa una parranda vallenata con abundante comida, bebidas alcohólicas, equipos de sonido profesional y la presentación del cantante Nelson Velásquez dentro del penal.
Según denuncias de concejales de Medellín, el evento habría sido organizado por cabecillas de estructuras criminales recluidos en el patio uno de la cárcel y tendría un costo cercano a los 500 millones de pesos, financiados por los propios internos.
Cuestionamientos a la medida
Tras el anuncio presidencial, la concejal Claudia Carrasquilla cuestionó la efectividad del traslado y pidió claridad sobre los reclusos que serán objeto de la medida.
“Ahora sale dizque a corregir anunciando el traslado de los bandidos (…) como si el problema fuera de dirección y no de fondo”, expresó la funcionaria, quien también criticó el reconocimiento de algunos de estos cabecillas como gestores de paz.
La concejal planteó dudas sobre si el traslado incluye a los 23 líderes criminales que participaban en los diálogos de paz urbana, y advirtió sobre posibles privilegios dentro del sistema penitenciario.
Investigaciones y sanciones en curso
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmó que la fiesta no contaba con autorización y anunció la apertura de investigaciones disciplinarias contra al menos siete funcionarios.
Como parte de las medidas iniciales, fueron removidos el director encargado del penal y el comandante de vigilancia. Además, se adelantó un operativo de control en el que se incautaron elementos como neveras, televisores, una consola de videojuegos, licor, sustancias ilícitas y equipos de comunicación.
La entidad también informó la desvinculación de once funcionarios por presuntas fallas en los controles el día de los hechos.
Contexto del escándalo
La celebración habría coincidido con la posible salida de prisión de uno de los cabecillas, lo que habría motivado el evento como una despedida. En el lugar permanecen líderes de organizaciones criminales que participaban en la denominada mesa de paz urbana.
Tras la polémica, algunos voceros de estas estructuras ofrecieron disculpas públicas, reconociendo el impacto negativo del hecho en la confianza ciudadana.
