Petro interpone tutela contra el CNE por investigación a su campaña presidencial
La Corte Constitucional revisará la tutela presentada por Gustavo Petro, en la que solicita anular la decisión del Consejo de Estado que le dio vía libre al Consejo Nacional Electoral para investigar su campaña presidencial por presunta violación de topes. El caso ya fue llevado a la Sala Plena del alto tribunal.
El pulso jurídico por la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 se traslada ahora al escenario más alto: la Corte Constitucional. El presidente presentó una acción de tutela en calidad de ciudadano, buscando frenar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por supuesta violación de topes de gasto electoral.
La tutela fue radicada directamente en el despacho del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien —como dato clave— fue secretario jurídico de la Casa de Nariño en el arranque del actual gobierno. Ahora, Fernández decidió llevar el caso a la Sala Plena de la Corte para una decisión colegiada.
Petro alega violación de derechos fundamentales
En el documento, Petro argumenta que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, específicamente en lo relacionado con el juez natural y su fuero constitucional especial como presidente de la República.
“Se otorgó competencia a una autoridad sin jurisdicción para investigar al Presidente, quien cuenta con fuero constitucional y solo puede ser investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara”, señala la tutela.
El jefe de Estado pide que se deje sin efecto la decisión del 6 de agosto de 2024, que resolvió un conflicto de competencias a favor del CNE frente a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, y que le permitió al Consejo Nacional Electoral continuar las pesquisas.
Solicita frenar la investigación y reparación por daños
Petro también solicita que se ordene al CNE cesar la investigación contra su campaña, y que la Corte determine que la decisión del Consejo de Estado fue adoptada de manera arbitraria y con abuso de competencia.
A esto suma una petición de reparación, alegando que la decisión en disputa ha generado un “caos jurídico” con riesgo de afectar la estabilidad institucional del país, y que las denuncias presentadas ya estaban caducadas o fueron radicadas fuera del término legal.
