Ministro de Salud enfrenta ola de críticas por decir que “los ricos también lloran” en medio de crisis hospitalaria
La frase “los ricos también lloran” ante la crisis del hospital San Rafael de Itagüí fue interpretada como una defensa de prácticas políticas en el sistema de salud, en medio de denuncias de politización y deudas por parte de las EPS.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generó una ola de críticas políticas y sociales al afirmar que “los ricos también lloran” al referirse a la crisis financiera que atraviesa el hospital San Rafael de Itagüí, frase que opositores y dirigentes han vinculado a una politiquería crónica en la administración del sistema de salud y al uso del sector como herramienta de enriquecimiento político en lugar de garantizar atención digna a la población.
La polémica surgió después de que Jaramillo, en una entrevista radial sobre la grave crisis financiera del hospital San Rafael de Itagüí, donde trabajadores llevan meses sin salario y litigios millonarios con EPS, declarara que “los ricos también lloran” y atribuyera parte de la problemática a la politiquería que habría impregnado la gestión de algunos centros de salud públicos.
Críticos del Gobierno afirmaron que la respuesta del ministro no solo fue insensible frente al drama cotidiano de pacientes y personal sanitario, sino que también refleja una lógica política según la cual el sistema de salud ha sido utilizado como un botín para favorecer intereses políticos y no para servir a los colombianos más vulnerables.
La situación se da en un contexto en el que hospitales públicos de todo el país enfrentan deudas multimillonarias —en Antioquia, la red hospitalaria ha reportado pasivos superiores a los 8 billones de pesos por atrasos en pagos de EPS— que han impactado en el pago de nóminas y en la prestación de servicios básicos.
Sectores políticos de oposición y autoridades locales han calificado las declaraciones del ministro como poco empáticas e incluso burlescas, señalando que reflejan una falta de comprensión de la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud, donde —según críticos— la politización y la asignación de recursos responden más a intereses de poder que a criterios técnicos y al bienestar ciudadano.
Además, la Defensoría del Pueblo emitió un llamado al Ministerio de Salud para que evite declaraciones que puedan minar la percepción de responsabilidad estatal en la garantía del derecho a la salud, subrayando que el sistema público está en un estado crítico que afecta especialmente a regiones como Antioquia, Tolima y Valle del Cauca.
La controversia ha abierto un debate más amplio sobre si la crisis del sector responde únicamente a fallas administrativas o si hay prácticas de politización que han desviado recursos, debilitado la gestión técnica y permitido el fortalecimiento de redes de poder en el sistema de salud colombiano.
