Bienes de Abudinen, Tapia y otros implicados en Centros Poblados, bajo medidas cautelares de la Fiscalía
Las propiedades estarían vinculadas a recursos del anticipo irregular del contrato para llevar internet a escuelas rurales durante el gobierno de Iván Duque.
El caso de corrupción de Centros Poblados comenzó a reflejarse en el patrimonio de sus protagonistas: la Fiscalía General de la Nación decretó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes avaluados en cerca de $65.900 millones, presuntamente adquiridos con dineros del escándalo.
La Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía informó que los bienes afectados corresponden a parqueaderos, locales comerciales, inmuebles y participaciones en sociedades, ubicados en departamentos como Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
De acuerdo con el jefe de esa dependencia, José Iván Caro, el material probatorio recolectado indica que estas propiedades habrían sido compradas con recursos provenientes de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación y del anticipo que recibió de manera indebida la Unión Temporal Centros Poblados.
Entre las personas cobijadas por las medidas se encuentran el contratista Emilio Tapia, condenado por su participación en el caso; Juan José Laverde, vinculado a la aseguradora Rave Seguros; Ottomar Lascarro, contratista; y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal. Además, la Fiscalía confirmó que un inmueble perteneciente a la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, también fue objeto de medida cautelar, en línea con decisiones adoptadas previamente por la Contraloría General de la República en materia de responsabilidad fiscal.
El escándalo de Centros Poblados se originó en un contrato del Ministerio TIC para llevar conectividad a escuelas rurales de 16 departamentos, un proyecto que superaba el billón de pesos. Sin embargo, la adjudicación estuvo marcada por actos de corrupción que permitieron el giro de un anticipo cercano a los $70.000 millones, recursos que no se destinaron al fin previsto y terminaron en manos de varios de los involucrados.
En el ámbito penal, la Fiscalía ya ha judicializado a varios implicados, al establecer que se habrían mezclado recursos de origen lícito con dineros ilícitos y que las sociedades integrantes de la Unión Temporal fueron utilizadas como instrumentos para cometer las irregularidades.
Ahora, tras la imposición de las medidas cautelares, corresponderá a la autoridad competente definir si los bienes pasan de manera definitiva a extinción de dominio, en el marco de uno de los mayores escándalos de corrupción recientes del sector TIC.
