Golpe al Gobierno: Congreso hunde reforma tributaria y deja en vilo el presupuesto de 2026

El archivo del proyecto complica el financiamiento del Presupuesto General de la Nación y obliga al Ejecutivo a buscar nuevos recortes.

La Comisión Cuarta del Senado archivó la reforma tributaria con la que el Gobierno esperaba recaudar $16,3 billones en 2026. El revés abrió un debate sobre la sostenibilidad fiscal, la viabilidad del presupuesto y la tensión política con el Congreso.

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un escenario fiscal aún más complejo tras el archivo de su reforma tributaria —o ley de financiamiento—, una iniciativa diseñada para asegurar recursos para el Presupuesto General de la Nación de 2026. La propuesta, que inicialmente apuntaba a un recaudo de $26,3 billones y luego se redujo a $16,3 billones, fue hundida por nueve votos contra cuatro en la Comisión Cuarta del Senado.

La decisión generó reacciones inmediatas tanto en el Ejecutivo como en los sectores económicos y políticos. El presidente Petro lamentó el resultado y advirtió que el impacto recaerá sobre la población más vulnerable: “Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres. Mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres”, aseguró, señalando que las consecuencias empezarán a sentirse de inmediato.

Desde el Congreso, la lectura fue completamente distinta. Para el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta, la decisión representó “una victoria para la responsabilidad fiscal y para el bolsillo de los ciudadanos”. Según él, la propuesta imponía “una carga excesiva” y no ofrecía un ajuste estructural real. Insistió en que el país necesita mayor austeridad, control del gasto burocrático y una ofensiva contra la evasión antes que nuevos impuestos.

El debate sobre la sostenibilidad fiscal tomó fuerza apenas se confirmó el hundimiento del proyecto. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró que los recursos que buscaba la reforma —menos del 3% del PGN de 2026— no justifican afirmar que la estabilidad fiscal esté comprometida. Sin embargo, reconoció que el Gobierno deberá hacer recortes presupuestales, tal como ocurrió tras la caída de la reforma de 2024.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue más crítico y sostuvo que el desenlace era previsible debido a una “mala planificación fiscal y presupuestal”. Recordó que el presupuesto aprobado era “desbordado” y que el país no tenía capacidad para financiarlo. Recalcó que el Gobierno debe recortar gasto, evitar una emergencia económica y concentrarse en reducir burocracia e inversiones mal focalizadas.

En el terreno político, el exsubdirector de Fiscalización de la Dian Christian Quiñonez consideró evidente que la reforma no tenía futuro en un año electoral y en medio del deterioro de las relaciones entre el Congreso y el Gobierno. Para él, el Ejecutivo deberá revisar a fondo el presupuesto de 2026 y apostar por mecanismos incluidos en la ley de reactivación económica, como amnistías y normalizaciones tributarias.

A pesar de las posturas encontradas, el diagnóstico fiscal coincide: el problema persiste. José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que el déficit fiscal podría alcanzar el 7% del PIB en 2026 si no se mantiene la reducción temporal del servicio de la deuda. Señaló que las operaciones de manejo de deuda dieron oxígeno a corto plazo, pero también ampliaron el gasto en 0,5% del PIB. A su juicio, insistir en otra reforma tributaria afectaría el ahorro, la inversión y el crecimiento económico, por lo que recomendó recortes adicionales en el presupuesto.

Mientras el Gobierno evalúa alternativas, el archivo de la reforma deja un interrogante central: ¿cómo cubrir el faltante para 2026 sin profundizar el déficit ni agravar la tensión política con el Congreso?