Claudia López y el legado del estallido social: heridas abiertas, jóvenes procesados y un país que no olvida
A tres años del estallido social, vuelven a la conversación las decisiones de la entonces alcaldesa Claudia López, quien autorizó el despliegue del ESMAD en Bogotá mientras decenas de jóvenes resultaban heridos, judicializados o privados de la libertad.
El 21 de noviembre está marcado en la memoria colectiva. No solo por las multitudinarias movilizaciones juveniles, sino por la respuesta institucional que dejó cicatrices profundas. Bajo la administración de Claudia López, el uso del ESMAD durante el estallido social sigue siendo uno de los capítulos más cuestionados por las víctimas y organizaciones de derechos humanos
Las imágenes de jóvenes corriendo entre gases lacrimógenos, disparos de aturdidoras y operativos policiales desmedidos durante el estallido social permanecen intactas en la retina del país. En Bogotá, la alcaldesa de ese momento, Claudia López, defendió la intervención del ESMAD en repetidas ocasiones, asegurando que se trataba de medidas necesarias para “restablecer el orden público”.
Sin embargo, para cientos de familias, esos operativos se tradujeron en tragedias.
Organizaciones independientes y medios como Mutante documentaron casos que hoy simbolizan el dolor de una generación. Entre ellos, el de un joven manifestante que terminó con cuatro cirugías y en silla de ruedas tras un procedimiento policial. Su historia se convirtió en un reflejo del costo humano de una confrontación que escaló más allá de lo imaginable.
A esta lista se suma Johan Steven Zaeina, un joven que lleva cuatro años privado de la libertad por haber salido a protestar, según su defensa, por sus derechos y los de su comunidad. Su hijo, que crece sin una figura paterna, es hoy un símbolo de la ruptura familiar que dejaron las jornadas de represión y los procesos judiciales que aún no se cierran.
El caso de Zaeina se repite en decenas de jóvenes que fueron capturados en medio de las protestas y que, hasta hoy, siguen enfrentando procesos prolongados o medidas de aseguramiento cuestionadas por colectivos jurídicos.
Mientras tanto, las víctimas —heridos o encarcelados— continúan esperando políticas de reparación, reconocimiento de responsabilidades y garantías de no repetición. Para muchos de ellos, Claudia López no ha ofrecido respuestas suficientes sobre la actuación de la fuerza pública bajo su administración ni sobre el impacto humano que dejaron las decisiones tomadas en esos días críticos.
A medida que Colombia revisita su memoria reciente, crece el llamado a esclarecer la cadena de mando, revisar los protocolos de intervención y reconocer que detrás de cada estadística hay jóvenes, familias y vidas truncadas.
El estallido social no fue un episodio aislado: para cientos, sigue siendo una herida abierta.
