El informe señala malos manejos durante el gobierno de Iván Duque, con recursos destinados a conceptos ajenos al sector, como pauta publicitaria y pagos a juntas directivas.
La Contraloría General de la República presentó un informe revelador sobre presuntas irregularidades en el sistema de salud durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que ascienden a más de $640 mil millones. El documento, conocido por RTVC Noticias, detalla inconsistencias en los registros contables y señala desvíos significativos en el uso de los fondos.
Entre las anomalías destacadas, se detectó que al menos $40 mil millones fueron utilizados en conceptos no relacionados con la salud, como pauta publicitaria y pagos a miembros de juntas directivas. Además, se identificaron facturas que no corresponden a la prestación de servicios médicos, lo que genera incertidumbre sobre el manejo de los recursos asignados.
Investigación en curso y posibles sanciones
La Contraloría ha conformado un grupo especial de investigación para determinar la incidencia fiscal de las anomalías y recopilar pruebas que podrían derivar en sanciones y procesos legales contra los responsables. Según el informe, muchas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y hospitales no presentaron los soportes contables necesarios para justificar los gastos realizados, lo que deja en duda la transparencia de su gestión durante la crisis sanitaria.
Reacciones y contexto político
Las denuncias de la Contraloría han generado críticas desde diversos sectores políticos. El senador David Racero, del Pacto Histórico, señaló que los problemas financieros heredados del gobierno de Iván Duque han limitado la capacidad del actual gobierno para atender otras prioridades. Entre las deudas heredadas, destacó las relacionadas con subsidios, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y pagos pendientes que, según Racero, “aún no se sabe con certeza en qué se gastaron durante la pandemia”.
Por su parte, el Congreso también ha cuestionado la falta de claridad en la gestión de recursos públicos durante el periodo de emergencia, lo que pone de relieve la necesidad de mecanismos de control más estrictos para garantizar el correcto uso de los fondos destinados a la salud.
El informe de la Contraloría deja en evidencia que la pandemia no solo puso a prueba la infraestructura sanitaria, sino también la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
