Ministerio de Educación formulará pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José por presunto “cartel de diplomas”
La cartera educativa, liderada por Daniel Rojas, anunció que la investigación administrativa avanza hacia sanciones por irregularidades en la expedición de títulos académicos en la institución.
El Ministro de Educación, Daniel Rojas, confirmó que el Gobierno nacional está próximo a emitir un pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales, conocidas como un posible “cartel de diplomas”, que ha generado polémica pública y cuestionamientos políticos.
La investigación, iniciada en marzo de 2025 por la oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, encontró posibles anomalías sistemáticas en varios procedimientos de titulación de la Fundación Universitaria San José, una institución privada de educación superior.
Durante una entrevista en Caracol Radio, el ministro Daniel Rojas explicó que la inspección ya superó la fase preventiva y ahora se avanza hacia la fase sancionatoria administrativa, en la que se formuló el pliego de cargos contra la universidad por incumplimientos de la normativa educativa.
Rojas precisó que la investigación se centra en verificar si la entidad cumplió con los requisitos legales para la expedición de títulos, incluyendo la presentación de la prueba Saber Pro, obligatoria para los graduados de programas profesionales según la ley colombiana.
El ministro advirtió que, tras culminar el proceso sancionatorio, el Ministerio trasladará la información a las autoridades competentes si se encuentran hechos que puedan dar lugar a otro tipo de responsabilidades, aunque aclaró que la entidad no tiene competencia para decidir sobre sanciones penales en estos casos.
Rojas también indicó que la cartera educativa actúa bajo el principio del debido proceso y con respeto a los plazos y procedimientos legales, insistiendo en que la prioridad es proteger a los estudiantes y preservar la calidad del sistema educativo superior.
El escándalo ha sido impulsado por denuncias de congresistas y resultados preliminares que apuntan a posibles irregularidades en la entrega de títulos a varias personas, algunas de ellas vinculadas a cargos públicos, lo que ha intensificado el debate sobre la legalidad y validez de estas titulaciones.
