Presidente del Congreso califica decisión de Petro de quitar prima a congresistas como “castigo político”
Lidio García rechazó la eliminación del beneficio y recordó que el propio presidente lo recibió durante casi 20 años.
El presidente del Congreso de la República, Lidio García, calificó este martes como un “castigo político” la decisión del presidente Gustavo Petro de suprimir la prima especial de servicios para los congresistas, medida que empezará a regir a partir del 20 de julio de 2026 y que fue oficializada por el Gobierno mediante el Decreto 0030 de 2026.
García, quien lidera el órgano legislativo para la vigencia 2025-2026, rechazó la decisión del mandatario y aseguró que no responde a una política de austeridad, sino a una retaliación contra el Congreso por actuar con independencia frente al Ejecutivo.
En un mensaje difundido en la red social X, el presidente del Senado afirmó que Petro “recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad”, y que la eliminación del beneficio ahora evidencia, a su juicio, una motivación política más que técnica.
Aunque la prima especial era un beneficio mensual que ascendía a cerca de 16,9 millones de pesos —sumado al salario básico de los parlamentarios— su eliminación, según García, impacta de forma significativa la remuneración de los legisladores y sería un mensaje del Ejecutivo hacia quienes no habrían respaldado su agenda.
El Gobierno, por su parte, ha señalado que la decisión de derogar la prima se enmarca en una política de racionalización del gasto público. El Departamento Administrativo de la Función Pública sostuvo que la remuneración de los congresistas con este beneficio resulta “desproporcionada frente a la realidad económica del país y al ingreso promedio de los ciudadanos”, y recordó que la Corte Constitucional ha señalado que dichos pagos no son obligatorios.
Con la derogación del Decreto 2170 de 2013, que estableció este beneficio, se estima que los ingresos de los congresistas pasarán de más de 52 millones de pesos mensuales a cerca de 36 millones, cuando asuman cargos los nuevos parlamentarios tras las elecciones de 2026.
La controversia se da en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcado por debates alrededor de reformas fiscales, salariales y de políticas públicas que han generado confrontaciones entre el Gobierno de Petro y sectores de la oposición en el Congreso.
