17 gobernadores contemplan sumarse a la rebelión contra el decreto de emergencia económica de Petro
Ante el anuncio de Antioquia de no aplicar las medidas tributarias del Decreto 1474, varias regiones evalúan desconocer la norma mientras la Corte Constitucional define su constitucionalidad.
Un total de 17 gobernadores de departamentos de Colombia analizan unirse a la decisión del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de no aplicar el controvertido decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro, argumentando que las medidas tributarias vulneran la autonomía fiscal y la Constitución.
La decisión de Antioquia de inaplicar el Decreto 1474 de 2025 por medio de la figura jurídica de la excepción de inconstitucionalidad abrió un frente de oposición regional al Gobierno Nacional que podría extenderse a otras regiones del país. Rendón ha señalado que la norma impone cargas tributarias excesivas y afectaría gravemente las finanzas territoriales, por lo que su departamento no ejecutará las medidas hasta que la Corte Constitucional emita un fallo de fondo.
En una reunión celebrada en Bogotá, mandatarios de 17 departamentos expresaron su respaldo a la postura antioqueña y discutieron mecanismos conjuntos para detener la implementación de los cambios fiscales previstos en el decreto, entre ellos el aumento de impuestos al consumo de licores, cigarrillos y otros bienes, que, según ellos, pondrían en riesgo los recursos propios de las regiones.
Las regiones que han evaluado sumarse a este frente común incluyen Valle del Cauca, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, Caquetá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caldas y Quindío, entre otras, todas preocupadas por el impacto que consideran desproporcionado del decreto en sus presupuestos locales.
La Federación Nacional de Departamentos estaría ofreciendo soporte jurídico para acompañar las acciones de las administraciones regionales, que plantean utilizar tanto la excepción de inconstitucionalidad como recursos judiciales ante la Corte Constitucional para suspender la aplicación del decreto mientras se decide sobre su validez.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la postura de los gobernadores como “un mal ejemplo”, advirtiendo que invitar a no acatar la ley podría suponer una usurpación de funciones de la Corte Constitucional y expondría a las regiones a posibles responsabilidades.
Este choque institucional marca un punto de alta tensión entre las autoridades regionales y el Ejecutivo, en momentos en que el decreto de emergencia económica se mantiene bajo escrutinio político y judicial, con implicaciones directas para la ejecución presupuestal de 2026.
