Cárcel para exministros Bonilla y Velasco: así justificó el Tribunal la medida por el caso UNGRD
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que los exministros habrían liderado un esquema criminal organizado para direccionar contratos y asegurar mayorías legislativas, por lo que descartó la prisión domiciliaria.
La decisión de enviar a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el saqueo de la UNGRD generó reacciones inmediatas en el ámbito político y judicial. La magistrada Aura Alexandra Rosero sostuvo que la gravedad de los hechos y el riesgo de rearticulación del entramado corrupto justifican la reclusión en centro carcelario.
En una providencia ampliamente sustentada, la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, explicó que la ausencia actual de cargos públicos de los exfuncionarios no elimina el riesgo para la investigación. Según indicó, la Fiscalía acreditó que las conductas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo y se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas, que operaban incluso a través de terceros.
Aunque la Fiscalía había solicitado inicialmente la prisión domiciliaria, el Tribunal concluyó que esta medida resultaba insuficiente. Para la magistrada, el riesgo no está asociado a la movilidad física de los imputados, sino a su capacidad de articulación e intermediación dentro de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública. Por ello, consideró que la privación de la libertad en establecimiento carcelario es “idónea, necesaria y proporcional”.
Rosero aclaró que la decisión no se fundamenta en una posible fuga inmediata, sino en la necesidad de evitar que los exministros puedan rearticular el esquema investigado o continuar prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional, propias —según dijo— de redes de corrupción de gran envergadura.
La fiscal María Cristina Patiño imputó semanas atrás a Bonilla y Velasco por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Ambos rechazaron los cargos y negaron cualquier responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.
Durante la audiencia, la magistrada fue enfática en señalar que, de acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía, los exministros no habrían actuado de forma aislada. Por el contrario, indicó que desde posiciones de liderazgo habrían integrado un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública.
En su análisis, Rosero sostuvo que los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus funciones, sino que habrían articulado y coordinado, por medio de terceros, un esquema reiterado de direccionamiento contractual en entidades como la UNGRD y el Invías, con el objetivo de asegurar mayorías en el Congreso para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, utilizando recursos del erario.
La magistrada también desestimó los argumentos de la defensa, que alegaron supuestas falencias en la imputación. A su juicio, la Fiscalía cumplió con la carga argumentativa y material al demostrar que las medidas no privativas de la libertad no neutralizan el riesgo identificado y que los hechos no corresponden a actos administrativos aislados, sino a un conjunto sistemático y articulado de conductas con relevancia penal.
