Consejo de Estado frena consulta popular de Petro por falta de aval del Senado
El Consejo de Estado determinó que el Decreto 0639 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete para convocar una consulta popular el 7 de agosto, no puede tener efectos jurídicos inmediatos. La razón: el Ejecutivo no obtuvo el concepto previo favorable del Senado, requisito indispensable para este tipo de mecanismos de participación ciudadana según el artículo 104 de la Constitución.
De acuerdo con la Sección Quinta del alto tribunal, este decreto tiene carácter electoral y su validez depende de que haya sido tramitado conforme a la normativa constitucional. En este caso, se trató de una consulta de trascendencia nacional sin la debida aprobación del Senado, lo que llevó a la suspensión cautelar de sus efectos.
La decisión no anula aún de forma definitiva el decreto, pero sí impide que se avance en su ejecución mientras el proceso judicial sigue su curso. Esto implica, entre otras cosas, que no se podrá convocar oficialmente a los ciudadanos a votar sobre las 12 preguntas propuestas por el Gobierno, muchas de ellas relacionadas con transformaciones al régimen laboral.
En paralelo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado continúa analizando la solicitud enviada por el registrador nacional, Hernán Penagos, para emitir un concepto sobre la viabilidad jurídica de la consulta. Esa revisión podría influir en futuras decisiones sobre el destino del decreto, aunque no interfiere directamente con el fallo que suspende sus efectos.
La votación que hundió la consulta en el Senado —con 49 votos contra 47— sigue siendo uno de los elementos centrales del debate. El Gobierno insiste en que se trató de una irregularidad y que la consulta fue negada sin el debido procedimiento, argumento que ahora pierde fuerza con este nuevo fallo judicial.
Este giro en el proceso representa un duro golpe para el Gobierno Petro, que había planteado la consulta como una vía para legitimar reformas claves de su agenda. El Consejo de Estado, por su parte, refuerza la necesidad de respetar los procedimientos legislativos y el papel del Congreso en el control político de este tipo de decisiones.
