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Más tiempo encerrado: se aplaza decisión sobre el caso del expresidente Uribe

Pese a los argumentos presentados por la defensa del expresidente Uribe, para que quede en libertad mientras es investigado, la decisión final ha vuelto a ser aplazada.

Por decisión del magistrado Luis Antonio Hernández, al declarase impedido, la Corte Suprema de Justicia determinó que la decisión final sobre si el expresidente Álvaro Uribe Vélez queda en libertad o no, mientras se avanza en sus investigaciones, ha sido aplazada para el próximo lunes 5 de octubre, alargando su detención domiciliaria que ya superó los 2 meses.

La orden del alto tribunal, al no alcanzar a tomar una decisión concreta luego de recibir los impedimentos del magistrado Hernández, al preferir de no hacer parte de la decisión sobre el caso Uribe, deja en discusión varios aspectos sobre el régimen legal que se encargará del mediático proceso contra el expresidente por los cargos de soborno y fraude procesal.

Los argumentos presentados por el magistrado para que su participación fuera considerada como indebida y entorpecedora se debe a que Hernández conoció el expediente mientras se desempeñaba en la Sala Penal, aclarando que incluso participó en la indagatoria que terminó vinculando al expresidente Uribe con la investigación.

Gran parte de la discusión que se dará este lunes estará centrada en las fechas y formas en que se dieron los hechos por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal por los que es investigado actualmente el exmandatario, teniendo en cuenta que dicha investigación parte en 2018, y que, por ley, estaría bajo el régimen legal de la Ley 906 de 2014, decisión defendida por el Centro Democrático y el uribismo en general.

No obstante, otros analistas políticos y exmagistrados de la Corte Suprema consideran que el proceso tendría que permanecer bajo el régimen legal de la Ley 600 como estaba planteada en un principio, debido a que en ella son procesados los funcionarios públicos que gozan de fuero constitucional, tal cual lo tuvo Uribe en ese entonces mientras aún era senador de la República.

Asimismo, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien figura como víctima del caso, defiende la idea que el proceso contra Uribe siga considerado dentro de la Ley 600, considerando que la investigación debe continuar como se venía dando, ya que, pese a su renuncia, los hechos se dieron mientras se desempeñaba como parlamentario.

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