La decisión que dejó en libertad al expresidente podría ser anulada si la apelación presentada por Iván Cepeda llega a prosperar.
Con la decisión tomada por la jueza 30 de garantías de Bogotá el pasado 10 de octubre, que determinó que el expresidente Alvaro Uribe Vélez podía continuar con su defensa en libertad, muchas quejas y reclamos por parte de la oposición se hicieron sentir al considerar que no habían argumentos suficientes para determinar la libertad, sin embargo, la decisión aún no está cerrada completamente.
A las pocas horas de que el país conociera sobre el retorno a la libertad del líder del Centro Democrático, el senador del Polo Democrático y víctima en varios de los procesos que permanecen activos contra Uribe, Iván Cepeda, manifestó a la opinión pública su determinación de apelar lo definido por la jueza, abriendo una nueva instancia y dejando la decisión en un juez penal del circuito de Bogotá, quien decidirá si la acción puede ser tumbada.
Luego de que el expediente de Uribe pasó de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria tras renunciar a su curul, la discusión sobre su libertad aumentó, pues muchos de sus compañeros de partido insistieron en que la prisión domiciliaria no era justificada. Al final el caso pasó al sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2004, y sobre esa base jurídica la jueza Clara Ximena Salcedo, determinó que “no se concibe la validez de una medida de aseguramiento sin una previa formulación de imputación”, dejando al expresidente en libertad.
Ante esa decisión, el senador Céepeda aprovechó su condición de víctima en el proceso, para apelar la decisión y en compañía de otros testigos como el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, acudieron al recurso de apelación para tumbar lo determinado por Salcedo.
Dicha apelación será resuelta el próximo 6 de noviembre, a las 8:30 a.m., a cargo del juez 4 penal de circuito de Bogotá, quien tendrá en sus manos la complicada decisión de confirmar lo resuelto por la jueza Salcedo, o deja en firme la medida de prisión domiciliaria de la Corte Suprema, mientras los cargos contra Uribe por soborno y fraude procesal son resueltos por la Fiscalía General de la Nación. Lea aquí más información.