Al parecer, el togado estaría buscando la forma de dilatar la investigación haciendo que se recopilen pruebas que ya fueron conseguidas por las autoridades.
La disputa judicial entre el senador del Polo Democrático Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe Velez, vuelve a tener un nuevo capítulo por una supuesta intervención del fiscal encargado del caso que, según una reciente declaración hecha por el congresista, estaría buscando formas de detener y extender la investigación.
Cepeda publicó un nuevo comunicado de prensa sobre el caso en contra del expresidente Uribe, advirtiendo que se estarían presentando irregularidades gracias a la intervención del fiscal Gabriel Jaimes, al que acusa de buscar que el caso llegue a ser precluído por medio de maniobras judiciales como la solicitud de pruebas que han sido presentadas previamente.
“Comunicado No. 35, proceso de investigación contra Uribe: cada vez es más notorio el propósito del fiscal Gabriel Jaimes de buscar que el proceso que está en sus manos concluya con una preclusión y en la impunidad. Ahora ordena practicar pruebas que ya había recaudado la CSJ”, comentó Cepeda en su cuenta de Twitter, adjuntando el comunicado de prensa.
Entrando en detalles, el senador expuso en su declaración cómo el fiscal Gabriel Jaimes no les genera ningún tipo de garantías ni imparcialidad, por múltiples evidencias que muestran su interés por que el caso contra el líder político no avance, explicando que, además de apoyar una solicitud de tutela por parte de Uribe que fue posteriormente rechazada, también habría solicitado la realización de cien pruebas, aunque la gran mayoría ya fueron efectuadas y están en poder de la Corte Suprema de Justicia.
“Exhortamos al fiscal Jaimes para que informe a la Nación, si la Fiscalía considera inválida la práctica probatoria que ha sido recaudada por el máximo tribunal de la justicia en este expediente, y cuáles serían las razones. De ser cierta la información sobre la repetición de estas actividades probatorias, estaríamos ante un escenario que pretendería modificar el sentido, alcance o resultados de abundante y contundente recaudo probatorio que llevó a cabo por años la Corte Suprema de Justicia con el fin de precluir el proceso”, concluyó Cepeda.