El exdirector de la entidad investigadora se ha vinculado a los actuales procesos contra el expresidente Uribe, acusándolo por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
Continúan las complicaciones para el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su defensa en el caso de los crímenes perpetrados contra las poblaciones de El Aro y La Granja, en los años 1996 y 1997 respectivamente. Aquellas masacres han sido una de las acusaciones más antiguas que existen en contra del exmandatario en toda su carrera política y por lo que actualmente podría ser procesado.
A los supuestos vínculos que hoy son materia de investigación para la Corte Suprema de Justicia, se suman las declaraciones del exfiscal general Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Perdomo, quienes afirmaron su interés en declarar en contra del líder político, adviertiendo tener información valiosa sobre los crímenes de las dos poblaciones antioqueñas.
Con la declaraciones de ambos exfuncionarios públicos, se espera que se formulen copias contra el expresidente Urbe por los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones personales, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado; crimenes que por su condición de delitos de lesa humanidad no prescriben con el tiempo.
Montealegre publicó un video en el que cuenta dos argumentos sobre por qué decidió hacer la denuncia contra el líder del Centro Democrático: “A pesar de que Álvaro Uribe conocía que estas poblaciones estaban bajo riesgo de ataque, no tomó las medidas necesarias y efectivas, para evitar las atrocidades que allí ocurrieron”.
Otro punto mencionado por Montealegre en el video es lo ocurrido con el defensor de Derechos Humanos José María Valle, quien al parecer le habría notificado a Uribe en aquel entonces sobre las sospechas que se tenían de un arribo paramilitar en la zona, razón por la que le solicitó protección de forma urgente y que ante la omisión a los pocos días fue asesinado por los grupos que denunció.
“No por el simple hecho de haber ocupado el cargo de gobernador se le imputan estos crímenes a Álvaro Uribe. Su responsabilidad se deriva del conocimiento previo que tenía del riesgo, y de su renuncia a tomar medidas realmente efectivas. Lo que hizo Uribe, ante las denuncias de Jesús María Valle, fue un simulacro de actuación; una farsa, para aparentar una protección que nunca llegó”, señaló Montealegre.