La Corte Suprema de Justicia determinó que la pena impuesta a la excongresista Aída Merlano debía ser reducida de 15 a11 años tras comprobarse que la compra de votos por la que fue condenada estuvo mediada por una empresa dedicada a este tipo de actuaciones ilegales.
Tras varios meses de no tenerse información de mayor relevancia sobre la excongresista Aída Merlano, a pesar de las fuertes declaraciones que dio desde Venezuela a principio de año y que pusieron en el ojo del huracán a gran cantidad de políticos tradicionales, hoy viernes la Corte Suprema de Justicia confirmó que la condena en contra de la mujer será reducida de 15 a 11 años y 4 meses.
Según el Alto Tribunal en el caso de Merlano logró comprobarse que la compra de votos por la que fue señalada tenía como mediadora una gran empresa dedicada a este tipo de fraudes electorales, denominada Casa Blanca.
A esta decisión, tomada en segunda instancia, se le suma el hecho que la sentencia fue remitida a la Mesa Directiva del Senado de la República, acompañada además de la solicitud de declaratoria de ‘Silla Vacía’ a la curul de Merlano, la cual estaba siendo ocupada todos estos meses por Soledad Tamayo.
Sumado a esto, también le fueron compulsadas copias ante la Procuraduría General de la Nación para que adelante investigación de la posible omisión que existió dentro del Congreso para aplicar la figura de la silla vacía desde el momento en que Merlano fue capturada en abril de 2018, ya que casos como el de la fugutiva de la justicia no cumplen las condiciones para que un reemplazo tome su lugar, y esto sólo será posible en casos de faltas absolutas o temporales.
“La Corte no puede evitar pronunciarse sobre la sanción que la Constitución prevé como consecuencia de la presente sentencia, aduciendo que es un asunto que no le incumbe, pues con ella se trata de impedir que por razón de la condena a uno de sus miembros, el partido al cual pertenece se beneficie reemplazando a quien es constitucionalmente irremplazable, como si no fuera poco ya el beneficio que obtiene el partido político al sumar al total de votos los que provienen del delito, afectando la cifra repartidora que permite ingresar al Congreso de la República a personas que de otra manera no accederían a esa dignidad, en perjuicio de quienes actuaron en el marco de la ley”, explica el fallo.
