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Caso de Uribe deberá pasar a la Fiscalía, anunció la Procuraduría

El ministerio Público solicitó de manera formal a la Corte Suprema que remita la investigación contra Uribe a la Fiscalía por motivo de su renuncia al Senado.

Crece la especulación en el país sobre el futuro del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues, tras renunciar a su curul en el senado su defensa y la bancada del Centro Democrático han exigido que la investigación pase a la justicia ordinaria, es decir a la Fiscalía General de la Nación, pues, al no contar con el fuero parlamentario, los procesos en su contra no estarían dentro de las competencias de la Corte Suprema de Justicia.

La posibilidad ha generado gran debate en el país, pues, por una parte, muchos políticos, periodistas y ciudadanos han calificado la renuncia del exmandatario como una “jugadita” para evitar su condena por el caso de soborno y fraude procesal que hoy lo tienen privado de la libertad. Por otra parte, los seguidores de Uribe afirman que habrían intereses políticos y personales por parte de los magistrados contra el líder del Centro Democrático.

Ante los debates en redes sociales y los distintos argumentos jurídicos que se han expuestos tanto a favor como en contra de que el caso pase a la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación ha publicado en su página oficial un comunicado en el que le piden a la sala de Instrucción de la Corte Suprema en remitir el caso al ente investigador debido a su renuncia.

El ministerio público ha expuesto que cada entidad debe respetar la separación de poderes así como las competencias de cada uno de los entes de control, explicando que la renuncia de Uribe a su curul suponen que el alto tribunal solo puede operar en casos que se relacionen directamente con su desempeño como senador de la República y que cualquier investigación fuera de esas funciones sean realizados por la Fiscalía como cualquier otro ciudadano.

«No hay prueba de que el doctor URIBE VÉLEZ –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abusó de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República», explicó la Procuraduría.

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