En el juzgado 68 de Paloquemao llegó Cadena con su grupo de guardaespaldas, al llegar al quinto piso de este complejo judicial, se dirigió a los medios diciendo: “Vengo a cumplir con mi citación, mi abogado está incapacitado, pero acá estoy como un hombre de bien dándole la cara a la justicia”.
A las 8:45 a.m. Según El Tiempo el juez del caso accedió a aplazar la audiencia. La excusa médica obtenida por el mismo medio le da al abogado de Cadena 3 días de incapacidad por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.
Aunque esta audiencia estaba programada por la Fiscalía desde el año pasado el defensor de Cadena, el penalista Iván Cancino, presentó una excusa, aunque desde la semana pasada se anunció que no estaría presente ya que tenía otra diligencia judicial, justificando tal pretexto con una excusa médica.
En esta audiencia La Fiscalía aspiraba imputar los cargos a Cadena por su polémica defensa al ex presidente Uribe, los delitos incriminados son: fraude en proceso penal y manipulación de testigos a los que el penalista demostrara que Caneda no compró testigos y que es un delito antijurídico grabar a un abogado.
La Fiscalía asegura tener las pruebas y los cargos suficientes para imputarle cargos y pedir medida de aseguramiento. Cadena es famoso por defender a narcotraficantes del norte del Valle. Dando al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, testigo de la defensa de Uribe alrededor de 7 millones de pesos para declarar a favor del expresidente.
Según El Tiempo prueba de esto estaría en recibos de Supergiros S. A. Por más de 4 millones de pesos a nombre de María Elena Vélez Ramírez. Otra parte de la historia afirma que la oficina de Cadena elaboró una carta, el 11 de julio de 2018, en la que admite pagos, pero lo justifican como una acción humanitaria.
La contraparte del caso el congresista del Polo Democrático Iván Cepeda. Predijo que la audiencia se aplazaría por solicitud de la defensa el congresista pidió a La Fiscalía que Cadena fuera capturado con el fin de “evitar maniobras dilatorias destinadas a evadir la imputación; prevenir el inminente riesgo de fuga que puede materializarse con la huida del país; que las pruebas sean manipuladas, los testigos presionados y se obstaculice la administración de justicia”.
