Gobierno buscaría eliminar prima de servicios a congresistas: medida apunta a austeridad y reducir desigualdad
Un borrador de decreto propone suprimir un beneficio de hasta $15 millones mensuales para legisladores elegidos en 2026, en medio de presiones por equidad y gasto público.
La medida, promovida por el Ejecutivo, formaría parte de una política más amplia orientada a ajustar la remuneración de altos cargos y a responder a críticas sobre la desproporción de ingresos en el Congreso.
El Gobierno nacional prepara un decreto que eliminaría la prima especial de servicios que reciben los congresistas en Colombia, un beneficio que ronda los $15 millones mensuales. La propuesta forma parte de una estrategia de austeridad y reorientación del gasto público, según un borrador conocido por medios nacionales que sería aplicado a quienes se posesionen en la legislatura tras las elecciones del 8 de marzo de 2026.
De concretarse la medida, la supresión de este pago —creado hace más de una década mediante el Decreto 2170 de 2013 como sustitución de otras primas eliminadas— implicaría una reducción de alrededor de $11 millones mensuales en la asignación total de los congresistas. El documento argumenta que la remuneración actual es “desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país”, y que su eliminación contribuiría al cierre de brechas socioeconómicas planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Según el borrador, la medida no afectaría a los legisladores que ya estén en funciones, sino únicamente a los que resulten elegidos en los comicios de marzo de 2026 y se posesionen a partir del 20 de julio de ese año.
La prima especial de servicios ha sido uno de los beneficios más cuestionados del régimen salarial de los congresistas, junto con altos salarios que superan los 50 millones de pesos mensuales, incluyendo prestaciones y otros rubros. Ese nivel de ingresos sitúa a los parlamentarios en cifras muy superiores al salario medio del colombiano promedio.
La propuesta de eliminar la prima ha encontrado apoyo en algunas figuras políticas. Por ejemplo, el exministro del Interior y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo calificó la medida como “extraordinaria” y expresó su expectativa de que se concrete, argumentando que la prima “no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que se puede derogar o modificar”.
Expertos en gasto público han señalado que la reforma podría ser un símbolo de mayor responsabilidad fiscal, ajustando beneficios percibidos como desproporcionados frente a las condiciones económicas de la mayoría de los trabajadores colombianos. Sin embargo, otros analistas advierten que sin una reforma más amplia al régimen salarial de altos cargos, la medida podría tener un impacto limitado en la reducción de inequidades dentro del sector público.
La discusión sobre el borrador de decreto ha despertado expectativas y opiniones divididas tanto en el Congreso como en la opinión pública, en un contexto en el que los debates sobre equidad, representatividad y gasto estatal continúan siendo temas sensibles en la agenda política colombiana.
