Salario mínimo 2026 entra en semana decisiva y crece la posibilidad de un aumento por decreto
Con el primer plazo legal vencido y posiciones aún distantes entre Gobierno, empresarios y sindicatos, el país se acerca a un escenario en el que el Ejecutivo fijaría el aumento por decreto.
La negociación del salario mínimo para 2026 atraviesa su momento más decisivo. Tras vencerse el primer plazo legal sin consenso, el Gobierno nacional, los gremios empresariales y las centrales obreras mantienen posturas divergentes, lo que abre la puerta a que el incremento sea definido por decreto en los próximos días.
La mesa de concertación del salario mínimo, instalada desde el pasado 1 de diciembre, continúa sin avances sustanciales. Pese a las jornadas extraordinarias de diálogo, las diferencias entre las partes persisten y el escenario de un aumento fijado unilateralmente por el Gobierno cobra cada vez más fuerza.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró que, ante la ausencia de consenso, el Ejecutivo tiene la facultad legal de definir el incremento mediante decreto. “Si no hay acuerdo en la mesa de concertación, el aumento del salario mínimo se fijará por decreto”, recordó el funcionario, al señalar que el calendario legal empieza a jugar en contra del proceso.
Las centrales obreras mantienen su exigencia de un incremento del 16%, argumentando que esa cifra permitiría recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y enfrentar el alto costo de vida. Para los sindicatos, el salario mínimo debe crecer por encima de la inflación y la productividad como una herramienta para reducir la desigualdad y fortalecer el consumo interno.
En contraste, los empresarios han planteado un ajuste del 7,21%. Desde los gremios económicos advierten que un aumento mayor podría generar presiones inflacionarias, afectar la formalidad laboral y comprometer la sostenibilidad de las empresas. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, incluso calificó el rumbo de la discusión como “un gran error” y criticó su uso con fines políticos.
Entre ambas orillas, el Gobierno ha dejado ver una postura más cercana a un incremento de dos dígitos. Una proyección preliminar del 13,3% —aún no oficial— situaría el salario mínimo en $1.613.426 sin incluir el auxilio de transporte, y se perfila como la cifra que más se ajusta a la visión del Ejecutivo.
El debate se intensificó tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el aumento será “superior al 12%” y que incluso podría estar “un poquito más arriba”. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que el Gobierno ya maneja un rango definido, independientemente del desenlace de la concertación.
Benedetti también anticipó que el decreto podría conocerse antes de Navidad, en un intento por cerrar el proceso con rapidez y enviar un mensaje de estabilidad económica. En la misma línea, el ministro de Hacienda ha hablado de un “importante ajuste”, aunque sin precisar cifras.
La presión del tiempo es evidente. Si no se logra un acuerdo en el transcurso de esta semana, el Gobierno deberá expedir el decreto antes del 30 de diciembre, tal como lo establece la Ley 278 de 1996.
Más allá de la cifra final, la decisión impactará directamente a cerca de 12 millones de trabajadores que devengan uno o dos salarios mínimos y tendrá efectos sobre prestaciones, auxilios y tarifas indexadas. Además, el resultado de la negociación será un termómetro clave de la política económica del Gobierno Petro en su último año de mandato.
La semana que comienza no solo definirá un porcentaje, sino el rumbo del ingreso de millones de colombianos y la capacidad de concertación del país. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo tendrá la última palabra, y todo indica que esa palabra ya empieza a tomar forma.
