Protesta de recicladores en Bogotá por norma que, según el gremio, afecta su sustento
El gremio denuncia decomisos de material reciclable y advierte que la norma vulnera su derecho al trabajo y al mínimo vital.
Alrededor de 500 recicladores de oficio se movilizaron este lunes 22 de diciembre en Bogotá para rechazar la aplicación del Decreto 014 de 2023, al considerar que la norma permite el decomiso de materiales y herramientas esenciales para su sustento.
La protesta generó bloqueos intermitentes en varios puntos de la capital, luego de que los manifestantes iniciaran una movilización desde la calle 100 con rumbo al centro de la ciudad. El gremio asegura que la aplicación del decreto ha tenido un impacto directo en su actividad diaria y en su derecho al trabajo.
De acuerdo con los recicladores, funcionarios de la administración distrital estarían incautando los residuos ya recuperados, impidiendo su comercialización. Además, denuncian que parte de este material estaría siendo enviado al relleno sanitario Doña Juana, lo que, a su juicio, contradice el principio de aprovechamiento de residuos y desconoce su rol dentro del servicio público de aseo.
El Decreto 014, expedido durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, establece que la clasificación de residuos solo puede realizarse en estaciones autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Para el gremio, esta disposición limita su presencia en el espacio público y desconoce decisiones de la Corte Constitucional que han protegido históricamente su labor.
“Nos están incautando el material listo para vender. Esto vulnera nuestros derechos y nos deja sin sustento”, afirmó Olga González, lideresa de la organización Ecoalianza, en declaraciones a un medio nacional.
En medio de esta controversia, la Corte Constitucional adoptó medidas cautelares en favor de los recicladores de oficio en Bogotá. El alto tribunal advirtió que el nuevo esquema de aseo, si se aplica sin garantías, podría generar un riesgo grave e inminente para los derechos al trabajo y al mínimo vital de esta población.
Como parte de sus órdenes, la Corte instruyó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) a expedir, antes del 25 de enero de 2026, un acto administrativo transitorio que garantice la protección de estos derechos mientras se define el marco definitivo de contratación del servicio de aseo.
Este régimen deberá incluir acciones afirmativas vigentes, mecanismos para asegurar la continuidad del servicio y un cronograma de implementación. A su vez, la UAESP tendrá que adoptar medidas que permitan el acceso al material reciclable y condiciones de trabajo digno para los recicladores durante esta etapa. Las entidades involucradas deberán presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las órdenes, en un contexto marcado por la tensión entre las políticas de orden público y los derechos laborales del sector.
