La inseguridad ya golpea la economía: Consejo Gremial alerta freno a inversión y empleo
Un informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional alerta que el deterioro del orden público está afectando la inversión, el empleo y la competitividad del país.
La inseguridad en Colombia dejó de ser un problema circunscrito al ámbito del orden público y pasó a convertirse en un factor estructural que condiciona el crecimiento económico y la actividad empresarial. Así lo advierte el más reciente informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional, que señala que la criminalidad y la violencia están minando la confianza inversionista, elevando los costos de operación y limitando la inserción del país en cadenas de valor regionales y globales.
El documento, titulado El impacto de la seguridad sobre el sector productivo, sostiene que la seguridad es un bien público esencial cuyo deterioro tiene efectos directos sobre la generación de empleo, la estabilidad institucional y el ejercicio de la libre empresa y la propiedad privada. En ese sentido, el Consejo Gremial insiste en que las políticas de seguridad deben asumirse como un eje central de la política económica.
Para Camilo Sánchez, presidente del llamado “gremio de gremios”, la relación entre seguridad y economía es innegable. “Cuando la seguridad se deteriora, se afectan directamente la inversión, el empleo y la confianza empresarial. Por eso, hoy más que nunca, las políticas de seguridad deben entenderse como políticas económicas de primer orden”, afirmó.
Las cifras que recoge el informe reflejan la magnitud del problema. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 11.324 homicidios, 527 víctimas de secuestro —la cifra más alta desde 2007— y 1.112 actos terroristas, lo que representa un incremento del 10,6 % frente al año anterior. Aunque la extorsión presentó una leve reducción, con más de 10.000 casos reportados, continúa siendo una de las principales amenazas para la sostenibilidad de los negocios en el país.
A esto se suman los delitos informáticos que, si bien disminuyeron un 7 % en el último año, mantienen una tendencia creciente en el largo plazo y afectan de manera particular a sectores con alta dependencia tecnológica.
El informe también advierte que la criminalidad impacta de forma directa la continuidad de las empresas. El homicidio, el secuestro, la extorsión, los atentados contra la infraestructura, el hurto y el cibercrimen incrementan los riesgos operativos y reducen la competitividad. En el caso de la extorsión, el documento la describe como un “impuesto criminal” que presiona los márgenes financieros y altera la planeación de proyectos en empresas de todos los tamaños.
Otro de los focos de preocupación es la expansión de las economías ilícitas. Según datos citados en el informe, Colombia alcanzó en 2023 un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que equivale al 72 % de la producción mundial de cocaína. La minería ilegal tiene presencia en 29 de los 32 departamentos, mientras que el 85 % del oro exportado tendría origen ilícito. A esto se suma un aumento del 43 % en la deforestación durante 2024, con más de 113.000 hectáreas afectadas.
El impacto económico de la inseguridad también se refleja en la movilidad y la logística. De acuerdo con cifras de Colfecar, hasta el 15 de diciembre de 2025 se contabilizaron 824 bloqueos en las vías del país, lo que generó pérdidas por $2,3 billones en el sector transporte, sin contar los efectos indirectos sobre otros sectores de la economía.
El Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial advierte que este panorama está reconfigurando las decisiones de inversión y elevando los costos de operación, lo que debilita la competitividad de Colombia frente a otros países de la región. “La inseguridad es un condicionamiento estructural del crecimiento económico. Sin protección a la vida y a la propiedad no hay bienestar sostenible”, subrayó Sánchez.
Finalmente, el informe expresa especial preocupación por la expansión de los grupos armados ilegales. El Clan del Golfo pasó de tener presencia en 213 municipios en 2019 a 392 en 2024, mientras que el ELN y el Estado Mayor Central también ampliaron su influencia territorial, incrementando los riesgos de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y control criminal de regiones estratégicas.
Ante este escenario, el Consejo Gremial hizo un llamado urgente a entender la seguridad como un componente esencial del desarrollo nacional y de la estabilidad económica del país.
