Jurisdicción Agraria, estancada: ANT acusa al Congreso de aplazar el debate por vínculos con tierras
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, aseguró que la acumulación indebida de baldíos por parte de congresistas o sus familiares está frenando la aprobación de la Jurisdicción Agraria.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, afirmó que más del 30% de los congresistas mantiene vínculos directos o familiares con predios baldíos, situación que —según él— ha frenado el avance del proyecto de Jurisdicción Agraria en el Congreso. La ANT adelanta múltiples procesos administrativos sobre bienes presuntamente ocupados de forma irregular.
La discusión sobre la Ley de Jurisdicción Agraria volvió a encenderse luego de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) revelara que, en el trámite de esta iniciativa, ya se han presentado más de 26 recusaciones de congresistas con intereses en predios baldíos. La entidad investiga si varios de ellos o sus familiares han ocupado de manera indebida tierras de la Nación.
Felipe Harman, director de la ANT, sostuvo que esta situación ha frenado por años la creación de la Jurisdicción Agraria, pese a que es un compromiso del Acuerdo de Paz. “En el Congreso no existe voluntad para avanzar. Le ponen trabas y aplazan el debate porque muchos congresistas, o sus familiares, están vinculados al acaparamiento de baldíos”, señaló.
El funcionario pidió que los parlamentarios investigados se declaren impedidos para votar reformas agrarias. “Tienen dos caminos: acercarse a la agencia y explicar cómo consiguieron esas tierras, o declararse impedidos para dejar fluir debates como el de la Jurisdicción Agraria”, afirmó durante una rueda de prensa en Córdoba.
La ANT señaló que investiga más de 700.000 hectáreas en el país. Según cifras recientes, 240.000 hectáreas ya fueron declaradas bienes baldíos, mientras que el 62% de la tierra analizada resultó ser propiedad privada legítima. Harman aclaró que la entidad no presenta denuncias penales, sino que adelanta procesos administrativos sobre la tradición jurídica de los predios.
Entre los casos más relevantes aparecen investigaciones sobre los predios La Viche, Los Cambulos, Pasate Largo, Finca Buenavista y otros en departamentos como Bolívar, Valle del Cauca, Córdoba y Santander. En algunos, la entidad evalúa si existen ocupaciones indebidas o la necesidad de abrir procesos formales de clarificación de la propiedad.
La lista incluye a congresistas y familiares como Lidio García, Samy Meregh, Marcos Daniel Pineda, un primo de la senadora Paloma Valencia, el representante Carlos Cuenca, Lilia Esther Bitar, Luis Eduardo Díaz Mateus y Félix Gutiérrez Córdoba, esposo de la congresista Ana Paola García Soto. En varios de estos casos ya se han confirmado reposiciones o se está a punto de abrir procesos formales de investigación.
Harman reiteró que la acumulación indebida de baldíos impide que el Congreso avance en una reforma clave para el ordenamiento rural. Actualmente, cada proceso agrario que cierra la ANT termina en la justicia ordinaria, donde puede tardar hasta una década sin resolución, lo que mantiene represadas decisiones esenciales para el campo colombiano.
