Gobierno Petro ordena que mujeres ocupen el 50 % de los cargos directivos en el Estado
Con el Decreto 0859 de 2025, el Gobierno Nacional reglamenta la participación equitativa de mujeres en cargos de decisión en la Rama Ejecutiva, pasando del 30 al 50 % de manera progresiva.
La equidad de género en el sector público colombiano da un paso trascendental. El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0859 de 2025, mediante el cual se establece que al menos el 50 % de los cargos del más alto nivel directivo y de otros niveles decisorios en la Rama Ejecutiva serán ocupados por mujeres, cumpliendo así lo dispuesto por la Ley 581 de 2000 y su modificación reciente por la Ley 2424 de 2024.
Con el nuevo decreto, el porcentaje mínimo de mujeres en cargos directivos pasa del 30 % al 50 %, una medida que se aplicará de manera paulatina conforme dichos cargos vayan quedando vacantes, evitando así afectar injustificadamente a quienes actualmente los ocupan. Esta implementación busca asegurar una verdadera paridad en cargos como ministerios, superintendencias, agencias estatales, presidencias de empresas del Estado, secretarías de despacho, subgerencias, entre otros.
La directora de Función Pública, Mariella Barragán, calificó este paso como “un logro histórico del Gobierno Nacional”, subrayando que el objetivo es garantizar condiciones reales y efectivas de igualdad para las mujeres en el ejercicio del poder público.
El decreto contempla sanciones para las entidades que incumplan la norma, incluyendo la suspensión y destitución de funcionarios nominadores, e instruye a todas las instituciones del orden nacional y territorial a reportar en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) los nombramientos realizados, asegurando el control y seguimiento de la cuota de género.
Además, se establecen directrices para la aplicación de la cuota incluso en casos de cargos únicos, indicando que el porcentaje siempre se redondeará al número entero superior, garantizando la prioridad de la equidad.
Esta medida se enmarca en los compromisos del Estado colombiano con la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el que busca asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles de decisión política y pública.
