Red ciudadana pide suspensión de Saade por presunta extralimitación en caso pasaportes
La Red de Defensa Ciudadana solicitó a la Procuraduría que investigue y aparte provisionalmente al jefe del Despacho Presidencial, por supuesta intervención indebida en decisiones contractuales y diplomáticas.
La polémica por la transición en la expedición de pasaportes sigue creciendo. Esta vez, la Red de Defensa Ciudadana pidió a la Procuraduría la suspensión provisional de Alfredo Saade, jefe del Despacho Presidencial, por presunta extralimitación de funciones y afectación a la continuidad del servicio.
La crisis por la contratación de la nueva producción de pasaportes en Colombia sumó este martes un nuevo capítulo. La Red de Defensa Ciudadana radicó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que se suspenda de forma provisional a Alfredo Rafael Saade Vergel, jefe del Despacho Presidencial, por su presunta actuación indebida en el proceso.
Según la denuncia, Saade habría asumido funciones administrativas y contractuales sin tener competencia legal, lo que representa, en palabras del documento, una “falta gravísima dolosa”. La queja fue dirigida también a la procuradora delegada para la vigilancia administrativa, Sonia Patricia Téllez, como parte de una investigación disciplinaria en curso.
La petición se basa en múltiples declaraciones y hechos documentados en medios y comunicaciones oficiales. Entre ellos, una entrevista concedida por Saade a Blu Radio, en la que afirmó estar “articulando el contrato con Portugal” y aseguró que la Imprenta Nacional sería la nueva encargada de la expedición de pasaportes desde el 1 de septiembre de 2025.
En otra conversación, esta vez con W Radio, el 7 de julio, el funcionario expresó: “Nuestro convenio con Portugal se va a firmar en las próximas horas”, dando a entender que lideraba una negociación diplomática y técnica, sin contar con la delegación formal para ello.
Para la Red de Defensa Ciudadana, estas afirmaciones y acciones comprometen principios fundamentales como la legalidad, moralidad administrativa, transparencia y respeto por la autonomía de los órganos constitucionales.
La denuncia también hace referencia a la intención pública de Saade de solicitar información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre personas relacionadas con el contrato de pasaportes, a pesar de que esa facultad corresponde exclusivamente a la Fiscalía o autoridades judiciales.
Adicionalmente, se citan declaraciones de la entonces canciller Laura Camila Sarabia, quien en entrevista con Cambio Colombia denunció que Saade “se autoproclamó líder y vocero del proceso”, impartiendo instrucciones que contradecían las decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso ordenando demorar la asignación de citas para extender el inventario de libretas disponible.
Según documentos oficiales firmados por el ministro encargado Mauricio Jaramillo Jassir, la Cancillería advirtió a Presidencia que el contrato vigente solo garantiza el servicio hasta el 31 de agosto, y que no se contaba con la infraestructura ni el convenio interadministrativo con Portugal para iniciar la transición desde el 1 de septiembre.
La situación fue verificada por la Procuraduría durante una visita de vigilancia preventiva realizada el 7 de julio, que confirmó que no existía un cronograma ni convenio firmado para implementar el nuevo modelo, y que el inventario de libretas solo cubría hasta la fecha límite del contrato.
El 9 de julio de 2025, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación preliminar disciplinaria contra Saade, Sarabia y el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, por posibles irregularidades en la transición del modelo de expedición de pasaportes.
Para el caso específico de Saade, la indagación se centra en una posible extralimitación de funciones, incluyendo la emisión de órdenes operativas a funcionarios de la Cancillería, sin respaldo legal.
En respaldo a su queja, la Red de Defensa Ciudadana argumenta que la Constitución y el Código General Disciplinario legitiman la denuncia de ciudadanos frente a presuntas faltas de servidores públicos, y que es procedente solicitar medidas cautelares de suspensión en casos de riesgo institucional.
En su comunicado, la Red concluye que “la conducta atribuida al señor Saade Vergel se adecúa de manera típica, antijurídica y culpable a los numerales 1 y 20 del artículo 54 del Código General Disciplinario”.
