El registrador Hernán Penagos pidió a las altas cortes pronunciarse con urgencia frente al decreto del presidente Petro. Gobierno lo acusa de no acatar la orden ejecutiva.
La Registraduría Nacional del Estado Civil decidió pausar el trámite de la consulta popular convocada por el Gobierno para el próximo 7 de agosto, en espera de un pronunciamiento jurídico de las altas cortes que determine la legalidad del proceso.
Así lo anunció el registrador Hernán Penagos, quien calificó el caso como “un problema jurídico sin precedentes” que no puede resolverse a la ligera. El funcionario señaló que la entidad se encuentra ante una disputa de fondo entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que es necesario que las instancias judiciales competentes definan el rumbo a seguir.
“El registrador no es juez ni le corresponde resolver controversias constitucionales”, enfatizó Penagos. “Ante una situación sin antecedentes, debemos actuar con prudencia y respeto institucional”.
La consulta y su limbo jurídico
El decreto presidencial que convoca a la consulta popular fue firmado el 11 de junio por el presidente Gustavo Petro, tras la votación en el Senado donde la iniciativa fue rechazada con 49 votos contra 47. La Casa de Nariño insiste en que el trámite fue constitucional, mientras que desde el Congreso y sectores de oposición se ha denunciado una violación del procedimiento legislativo.
Penagos aclaró que la Registraduría, como entidad neutral y técnica, no puede asumir una postura política ni tomar decisiones sin sustento jurídico. Por ello, anunció que solicitará conceptos formales al Consejo de Estado, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación para esclarecer si se cumplieron los requisitos constitucionales para convocar al pueblo a las urnas.
“No solo está en juego el proceso de consulta, sino el principio democrático y la estabilidad institucional del país”, subrayó el registrador.
Gobierno responde: Benedetti critica la postura de la Registraduría
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la decisión del registrador.
“Él no es quién para suspender el decreto. Su rol es técnico, logístico. No puede ponerse en el papel de tribunal constitucional”, afirmó Benedetti desde el Congreso. “Está cometiendo un error grave”.
El ministro del Interior @AABenedetti reaccionó a la decisión del registrador Hernán Penagos de esperar a hasta un fallo de las cortes para llamar a las urnas y votar la consulta popular: “Se está equivocando gravemente”. pic.twitter.com/yj2oJF7dLD
Además del debate jurídico, Penagos advirtió que el 7 de agosto es una fecha inviable para organizar una consulta nacional. Explicó que la logística requiere mínimo tres meses de preparación, además de una asignación presupuestal que actualmente no existe.
El registrador estimó que el costo del proceso superaría los 700 mil millones de pesos, cifra que no está contemplada en el presupuesto de la entidad. “El tiempo es precario y no podemos llevar a la Registraduría a cometer errores por improvisar”, concluyó.
Un escenario incierto
Mientras crecen las tensiones entre el Gobierno y el aparato institucional, el futuro de la consulta popular permanece en suspenso. La decisión final ahora recae sobre las altas cortes, quienes deberán determinar si el decreto presidencial se ajusta o no a la Constitución y si es procedente avanzar con la organización de una consulta nacional en medio del actual contexto político.
