Petro responde a críticas por consulta popular: “Tiene que tener dos dedos de frente, el que piense que convocar al pueblo es un golpe de Estado”
El presidente insiste en que su decisión es legítima y que será la Corte Constitucional quien defina su legalidad. La oposición mantiene sus cuestionamientos.
Las reacciones al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su intención de convocar una consulta popular por decreto no se han hecho esperar. Diversos sectores han calificado la decisión como un “golpe de Estado”, mientras el mandatario ha salido al paso de esas críticas asegurando que convocar al pueblo es un ejercicio legítimo de la democracia, no un atentado contra ella.
Durante su alocución presidencial del 3 de junio, Petro justificó la medida alegando que el trámite en el Senado para la aprobación de la consulta estuvo viciado y que hubo “trampa” en el proceso legislativo. El mandatario afirmó que será la Corte Constitucional la encargada de revisar la validez del decreto que espera firmar esta semana.
“Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, dijo Petro en su discurso televisado.
La respuesta en redes
Ante las crecientes críticas, el presidente utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para rechazar las acusaciones de un supuesto golpe institucional. En un mensaje directo, cuestionó la lógica de quienes se oponen a su decisión.
“Tiene que tener dos dedos de frente, el que piense que convocar al pueblo a decidir es un golpe de Estado”, escribió el jefe de Estado.
Además, agregó que, desde su perspectiva, “golpe de Estado es eliminar la fuente legítima del poder, y según la Constitución de 1991, la fuente legítima del Estado Social de Derecho es, exclusivamente, el pueblo de Colombia”.
Debate abierto sobre la legitimidad del decreto
El Gobierno insiste en que la medida es constitucional, respaldándose en una interpretación jurídica que considera viciada la decisión del Senado, y por tanto inexistente. Sin embargo, juristas, políticos y opositores han advertido que el Ejecutivo no tiene la competencia para declarar inválida una votación del Congreso, y que eso le corresponde a los jueces.
En este contexto, la Corte Constitucional será el árbitro definitivo de esta controversia política y jurídica. Mientras tanto, el país asiste a un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo y los demás poderes del Estado, con la figura de la consulta popular en el centro del debate nacional.
