Consulta popular incluye a domiciliarios y conductores de apps: Gobierno busca garantizar sus derechos laborales
Una de las preguntas clave del referendo laboral apunta directamente a los trabajadores de plataformas digitales como Rappi, Uber o Didi. El Ejecutivo plantea formalizar su relación contractual y asegurarles acceso a seguridad social.
Tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno nacional redobló su apuesta con una consulta popular que incluye, entre otras, una pregunta dirigida a quienes trabajan en plataformas de transporte y reparto. La intención: garantizar condiciones dignas y protección laboral a un sector que opera en la informalidad.
El presidente Gustavo Petro radicó ante el Senado el proyecto de consulta popular que busca revivir, con apoyo ciudadano, varios de los puntos de su reforma laboral. Entre los temas más sensibles está la situación de los trabajadores de plataformas digitales —domiciliarios, conductores de apps y repartidores— quienes quedarían cobijados por una de las preguntas del referendo.
La pregunta número siete del listado oficial es directa:
“¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?”
Según explicó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, la inclusión de este punto responde a una necesidad urgente. “Las plataformas de reparto incluyen también servicios de transporte y quisimos ser mucho más precisos. Estas personas están expuestas a múltiples riesgos sin ninguna garantía laboral”, señaló.
¿Qué busca el Gobierno con esta propuesta?
El objetivo es que los trabajadores de estas plataformas puedan definir, de manera libre pero regulada, si desean un contrato laboral tradicional o una modalidad independiente, siempre con acceso a seguridad social.
La propuesta no es nueva. De hecho, ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes en octubre de 2024 como parte de la reforma laboral. Sin embargo, fue bloqueada en la Comisión Séptima del Senado, que argumentó que esta regulación elevaría los costos para los empleadores y pondría en riesgo miles de puestos de trabajo.
Lo que proponía la reforma para los domiciliarios:
- Que puedan ser contratados como empleados dependientes, o como trabajadores independientes por mutuo acuerdo.
- Que las empresas de plataformas asuman el 60 % de aportes a salud y pensión, y el 100 % de los riesgos laborales.
- Que las cotizaciones a seguridad social se calculen según las horas efectivamente trabajadas.
Aunque estas medidas no entraron en vigor por el hundimiento de la reforma, el Gobierno espera que la ciudadanía respalde su implementación a través de la consulta popular.
“Queremos saber si los colombianos están del lado de quienes nos llevan la comida”
“El mensaje es claro: ¿quieren que quienes nos prestan estos servicios desde la precariedad laboral tengan acceso a un contrato y a derechos?”, agregó Sanguino.
Luz Marina Fique, domiciliaria asociada a Rappi, expresó que sus condiciones de trabajo son difíciles y mal remuneradas: “Nos enfrentamos a largas jornadas, discriminación e incluso violencia. Y muchas veces lo que ganamos no alcanza ni para cubrir los gastos básicos”, afirmó.
Por ahora, el futuro de esta propuesta está en manos del Congreso, que tiene un mes para decidir si avala o no el trámite de la consulta popular. Si pasa, será el pueblo colombiano quien tenga la última palabra.
