Contrato de aprendizaje podría ser laboral otra vez: así funcionaría si se aprueba la consulta popular
La medida busca devolver el carácter laboral al contrato de aprendizaje, eliminado en 2002. El Gobierno y sectores sociales respaldan la iniciativa.
“¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?”. Esa es una de las preguntas clave que la ciudadanía podría responder en la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional. Lo que está en juego no es menor: restituir derechos laborales plenos a cientos de miles de jóvenes en formación.
¿Qué cambia con la laboralización del contrato de aprendizaje?
Actualmente, el contrato de aprendizaje en Colombia no se considera una relación laboral. Desde la Ley 789 de 2002, se convirtió en una figura “especial” con remuneración parcial —llamada “apoyo de sostenimiento”— sin prestaciones sociales ni aportes completos a seguridad social.
La propuesta busca que este contrato vuelva a tener carácter laboral:
✔️ Salario completo
✔️ Prestaciones sociales (primas, cesantías, vacaciones, ropa de trabajo)
✔️ Aportes plenos a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación
En esencia, se trata de reconocer que los aprendices —aunque en formación— son trabajadores que aportan valor real a las empresas, especialmente durante su etapa productiva.
¿Recuperar un derecho perdido?
Lo que hoy se discute ya existía. En 1950, el Código Sustantivo del Trabajo reconocía el contrato de aprendizaje como laboral. Incluso en 1959 se legisló un salario progresivo que alcanzaba el mínimo legal, con todas las prestaciones. Fue solo en 2002 cuando, bajo un enfoque de flexibilización laboral, se eliminó su carácter laboral. Esta consulta podría revertir esa decisión dos décadas después.
¿A quiénes beneficiaría esta medida?
En 2024, más de 392.000 personas accedieron a contratos de aprendizaje. En lo corrido de 2025 ya van 241.000 aprendices, de los cuales:
- El 61% pertenece al SENA
- Más de 135.000 son mujeres, 105.000 hombres, 30 personas no binarias y 829 personas con discapacidad
Muchos de estos jóvenes pertenecen a estratos bajos y, sin este contrato, corren alto riesgo de abandonar sus estudios.
Desmintiendo los mitos sobre la laboralización
¿Será muy costoso para las empresas?
Según estimaciones, el costo total sería de 1,58 billones de pesos al año, menos del 1% de las utilidades netas de las 10.000 empresas más grandes del país (que sumaron 172 billones en 2022).
¿Se eliminará el componente formativo?
Falso. La laboralización no elimina el carácter educativo del contrato, como ya ocurre en otros países.
¿Disminuirán los cupos?
Tampoco. La cuota de aprendizaje es una obligación legal: 1 aprendiz por cada 20 empleados, y eso no cambia.
¿Afectará a las microempresas?
No. Solo aplica para empresas con más de 15 trabajadores. Y las microempresas representan menos del 0,4% de las reguladas por esta norma.
¿Qué sigue?
Si se aprueba la consulta popular y esta propuesta en particular, el país podría reconstruir un puente entre la formación y el trabajo digno, devolviendo a miles de jóvenes derechos que les fueron retirados. La decisión estará en manos de la ciudadanía.
