La ANT presenta su primera demanda agraria: busca recuperar baldíos ocupados ilegalmente en Sucre
La Agencia Nacional de Tierras interpuso su primera demanda judicial para recuperar predios ocupados irregularmente en la Ciénaga de Don Antonio, un caso que podría marcar el inicio de un cambio estructural en el modelo agrario colombiano.
Después de décadas de disputas, violencia y acaparamiento, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó su primera demanda judicial por ocupación irregular de baldíos en San Benito Abad, Sucre. La acción legal busca recuperar 187 hectáreas de la Ciénaga de Don Antonio, hoy en manos privadas, y podría sentar un precedente para más de cien casos similares en todo el país.
Una tierra pública convertida en feudo privado
Durante más de 40 años, la Ciénaga de Don Antonio —también conocida como Cholén— fue un territorio marcado por el silencio y el miedo. Aunque el terreno está reconocido como baldío de la Nación, fue cercado y explotado por particulares mediante prácticas de ocupación ilegal. Cercas, ganado y armas reemplazaron títulos de propiedad.
“Esta ciénaga ha sido acaparada por latifundistas. La llenaron de cercas y ganado, siendo baldíos de la Nación”, afirmó Felipe Harman, director de la ANT.
En el lugar conviven hoy intereses enfrentados: campesinos, pescadores y grandes hacendados. En medio de este conflicto, tres personas fueron asesinadas por defender su derecho a permanecer en estas tierras, entre ellas la hermana y el sobrino de Nidia Lambraño, lideresa local.
“Nos tratan de invasores”, dijo Lambraño durante una rueda de prensa. “Pero nosotros sembramos para subsistir, mientras ellos usan la tierra para la ganadería y el arriendo”.
Una demanda con efecto dominó
La acción legal de la ANT es la primera que se interpone en la justicia ordinaria tras la sentencia C-294 de 2024, con la que la Corte Constitucional le quitó a la entidad la competencia de decidir de fondo en estos procesos. Hasta ese momento, los casos eran resueltos desde lo administrativo, según lo establecido en el Decreto Ley 902 de 2017.
La decisión judicial obligó a trasladar a los tribunales centenares de casos no resueltos. Sin embargo, Colombia no cuenta hoy con una jurisdicción agraria especializada, lo que ha generado un vacío legal y técnico para abordar este tipo de litigios.
El llamado a una jurisdicción agraria
Para Felipe Harman, este proceso judicial es apenas el inicio de una transformación más profunda: “La reforma agraria no es solo compra de tierras, es legalidad agraria”.
La ANT ha insistido en la necesidad de crear una Jurisdicción Agraria que garantice jueces especializados y procesos más ágiles para resolver los más de 100 conflictos que están en lista de espera. Hasta que esa jurisdicción exista, los casos deberán avanzar en juzgados civiles ordinarios, con tiempos inciertos y sin herramientas técnicas adecuadas.
El caso de Cholén marca un punto de inflexión. La historia de esta ciénaga —como tantas otras en el país— representa una oportunidad para que el Estado recupere su presencia en el campo y empiece a corregir uno de los problemas más estructurales del modelo territorial colombiano: el acceso desigual a la tierra.
