El partido Colombia Justa-Libres acaba de radicar un proyecto de ley en el Congreso, con el que buscan aprobar el derecho al voto por parte de los uniformados.
Con el proyecto legislativo, que se radicó la semana pasada, se propone hacer una reforma constitucional que permita modificar el inciso 2 del artículo 219, el cual exenta del derecho al voto a la Fuerza Pública, pero siendo claros en el propósito de dejar intacta la limitación de intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo.
“El país está en mora de reconocerles el derecho al sufragio a quienes defienden la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” menciona el proyecto.
Ante esta iniciativa, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE) dio su visto bueno a la iniciativa, así lo afirmó el presidente del colectivo, el general (r) Jaime Ruiz, quien viene desde hace varios años pidiendo el derecho al voto para los militares; entre sus razones, dejó ver su interés por evitar que sectores de izquierda lleguen al poder.
“Sobre este particular, hemos venido insistiendo en cuanto a la urgente necesidad de recuperar el ejercicio del sufragio, como alternativa eficaz para la adecuada defensa de nuestros derechos e intereses institucionales, que constantemente se ven seriamente amenazados por distintos sectores de la izquierda radical. Necesitamos cuotas efectivas de poder en distintos escenarios que así no lo garanticen”, afirmó el presidente de la ACORE.
La propuesta presentada acude al precedente internacional como fuente de ley, pues se apoya en que países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Suiza, Suecia, Israel, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y México ya implantaron el derecho al sufragio para la Fuerza Pública, dejando sin validez su exclusión del ámbito electoral.
Así como lo hicieron los países mencionados para incluir este derecho a sus ordenamientos, la iniciativa basa su pretensión en la Declaratoria Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos que consagran derechos bajo el principio de igualdad y no discriminación, así como la promoción de derechos políticos para asegurar la democracia, y las posibilidades de los gobiernos de limitar la política electoral conforme a principios de racionalidad y proporcionalidad.
Este posible escenario ya había sido tocado a principios de año por Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático, pero fue la bancada del partido Colombia Justa-libres la que tomó la iniciativa de presentar formalmente la propuesta de reforma constitucional con el apoyo de congresistas de diversos partidos del gobierno.
Por el momento, crecen la polémica con las opiniones que apoyan esta posible apertura del sufragio para los colegiados, y los que se oponen aludiendo a que no se les debe permitir el derecho por la influencia que podrían tener las Fuerzas Militares en las elecciones.
