El ICBF se encuentra en el ojo del huracán por un caso de corrupción por supuestos desvíos de dineros públicos, haciendo figurar entrega de alimentos a personas, las cuales resultaron estar fallecidas.
Aunque el país permanece en su etapa de reactivación económica, los estragos de la pandemia siguen afectando a millones de colombianos que permanecen en condición de extrema pobreza, algo que agrava aún más el reciente escándalo sobre irregularidades en la entrega de alimentos que, en teoría, deben ser entregados a las familias colombianas pero que, en su lugar figuran varios difuntos como los beneficiarios.
Según muestran las investigaciones hasta el momento, existen elementos que evidencian una carente falta de supervisión en todo el proceso de entrega de recursos, así como en el levantamiento de planillas rudimentarias por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en varias zonas del país, propiciando actos delictivos como los que son materia de investigaciones actualmente.
Las alarmas en el país sobre ese aspecto se encendieron hace pocos días, luego que la Contraloría alertó de las irregularidades presentes en el plan de canastas nutricionales entregadas por el ICBF, advirtiendo sobre como operadores y contratistas estarían negociando con las raciones que se entregan a los niños de 0 a 5 años de edad, junto en un momento de tanta necesidad como lo es la crisis económica actual.
La advertencia presentada por la entidad fiscalizadora advirtió como se figuran como beneficiarios de las raciones varios fallecidos, así como menores de edad que figuran con más de un acudiente y denuncias por suplantación para recibir los beneficios brindados por el estado, así como otro tipo de técnicas fraudulentas para sacar ventaja de la crisis y las ayudas destinadas a los más pobres.
El panorama es más que alarmante, teniendo en cuenta que el programa tiene un costo cercano a los 4 billones de pesos y que se estaría malgastando al ser utilizado como forma de fraude por terceros.
Respecto a ello, Caracol Radio publicó información que advierte cómo la magnitud de las irregularidades permitieron que cerca de 79.137 raciones fueran entregadas a fallecidos que figuran en la base de datos de la Registraduría y de distinto lugar de residencia.
De momento, el ICBF ha pedido la ayuda de entidades públicas como la Contraloría para determinar la forma en que se fraguaron los fraudes y las personas detrás de ello, aunque las primeras impresiones que se conocen es que todo el sistema de ayudas cuenta con varios problemas que la haría altamente propensa a que se den robos y desvío de recursos de forma impune.
