Los esfuerzos del uribismo para impedir el desarrollo de la Minga indígena no surgieron efecto, aunque se logró un acercamiento entre el Gobierno y los manifestantes.
La llegada a Bogotá de miles de manifestantes que componen la Minga indígena ha supuesto un gran interés por parte de la alcaldesa Claudia López, quien se ha mostrado muy comprometida con todo el proceso, tanto en garantizar el derecho a la protesta como en mantener el orden público en la capital y en su afán de hacer respetar las medidas de bioseguridad debido a la pandemia.
Muy en contraste ha sido la postura tomada por los miembros del Centro Democrático, quienes, días antes de iniciarse las marchas, rechazaron la manifestación por supuesta influencia de grupos guerrilleros. A esa primera protesta se han sumado otras complicaciones, como la negativa por parte del presidente Iván Duque de reunirse con los líderes indígenas y algunos mensajes ideológicos contra el uribismo entre las marchas.
El último gran intento, por parte del Centro Democrático, de evitar la continuidad de la Minga habría sido un proceso adelantado por el uribismo en el que buscaban, por medio del Juzgado 40 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, una medida cautelar que prohibía tajantemente la realización de eventos de más de 50 personas, lo que claramente podría haber detenenido las actividades adelantadas durante la manifestación.
“Juzgado 40 negó al Centro Democrático medida cautelar con la que pretendían estigmatizar e impedir derecho fundamental a la protesta social de la Minga. Nos ordenó convocar mesa con @MinInterior @MinSaludCol y Ministerio Público para coordinar medidas. La convocaremos desde mañana”, aseveró la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter.
Según información publicada por Noticias Uno, entre los dirigentes políticos que intentaron instaurar la medida se encuentran José Obdulio Gaviria Vélez, Carlos Felipe Mejía y Fernando Nicolás Araújo Rumié. Cabe destacar que, aunque la medida cautelar se “cayó”, el Juzgado 30 admitió la demanda y vinculó a varios ministerios, así como a la Policía Nacional, Fiscalía, Procuraduría y Personería de Bogotá para que hagan un seguimiento a las protestas y de las pretensiones por parte de los líderes de la Minga.