La decisión se daría debido al lineamiento planteado por el nuevo presidente, quien ha comentado en varias ocasiones sobre el hacer uso de tierras improductivas.
Se trata de una propiedad llamada ‘El Laguito 2’, la cual puede verse desde el aire al contar con un área de 8,3 hectáreas, es decir, 83.400 metros cuadrados, en forma de hexágono en medio de un terreno mayor de 70 hectáreas, ubicado entre los municipios de Montería y San Carlos en Córdoba, y que pertenece a la Sociedad Agropecuaria el Ubérrimo, la misma empresa que administra una hacienda con ese mismo nombre en Montería, y reconocida como la propiedad más famosa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Laguito 2 figura en un auto expedido el pasado 28 de julio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el que la entidad concluye que la propiedad tiene “naturaleza jurídica de bien baldío”, algo que llama la atención debido a que los baldíos le pertenecen al Estado y, en caso de ser adjudicados, solo se les pueden entregar a algunas comunidades indígenas, campesinas o afrocolombianas, según la Constitución Nacional.
La ANT, aseguró que se debe remitir el expediente a: “La subdirección de Acceso a Tierras, con el fin de que se adelanten las acciones pertinentes”. Según algunos expertos en el tema, la decisión puede abrir la puerta para que Uribe y su familia tengan que devolver el predio para que sea administrado por la Nación, generando polémica al ser Gustavo Petro el actual presidente de la República.
De momento, la Corte Constitucional estudia una ponencia que propone una serie de reglas para solucionar el problema de los baldíos en el país, lo que significa que si la Sala Plena decide aprobar, se trataría de una decisión inédita y que significaría la revisión de miles de sentencias para acabar con la acumulación de tierras en todo el territorio nacional.
Se conoce además, que la ponencia en cuestión es del magistrado Antonio Lizarazo, quien propuso una serie de reglas para solucionar el caos actual con ese tipo de terrenos, asegurando que muchos de los problemas parten desde hace unos años, por una interpretación de jueces civiles, donde la justicia les entregó baldíos a terceros, bajo una figura jurídica que se llama prescripción de dominio.
