El ministerio público aseguró en un comunicado que la realización de fracking en suelo colombiano no es compatible con los principios de desarrollo sostenible del país.
La discusión sobre el fracking en Colombia toma un nuevo giro al entrar en el debate la Procuraduría General de la Nación, entidad que tomó acciones recientemente para que otras entidades analicen varias resoluciones que ya existen en el país sobre el desarrollo sostenible y que se están incumpliendo al permitir el fracking sobre algunos yacimientos no convencionales, lo que amenaza gravemente el medio ambiente de la región en que se practica.
Por medio de una solicitud al Consejo de Estado, el Ministerio Público pide anular el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, los cuales permiten aún la realización de la técnica extractivista bajo algunas circunstancias, estableciendo criterios y procedimientos para la forma en que las empresas pueden realizar las labores de explotación de hidrocarburos.
La entidad estatal advierte en su solicitud que, según la base científica que existe, la realización del fracking deja abierta la posibilidad a daños irreversibles en las fuentes hídricas, como riachuelos, lagos, aguas subterráneas y superficiales, afectando todo el ecosistema que lo rodea y en consecuencia la salud de los pobladores del lugar.
“En la medida en que con la expedición de las normas objeto de este medio de control se ignoraron estos trascendentales principios, se considera que deben declararse nulas, por infringir las normas en las que han debido fundarse (…) En el caso que nos ocupa debe aplicarse el principio de precaución, pues ha de priorizarse la protección al medio ambiente, en especial, el recurso hidrográfico que se compromete con este tipo de práctica, y que puede verse afectado de manera grave e irreversible, dañando así ecosistemas, afectando la flora y la fauna colindante, así como también genera un potencial daño a la salud del ser humano”, asegura la Procuraduría.
De la misma forma, la solicitud advierte que Colombia no está suficientemente capacitada en temas de información ambiental e hidrológica, así como tampoco cuenta con el monitoreo, registro geológico, geofísico, geoquímico y sísmico para vigilar el impacto que pueda generar el fracking en los lugares que se dan las perforaciones.