Al igual que con otros procesos en contra del Gobernador, otro intento de inhabilitar a Caicedo terminó cayéndose por falta de pruebas para realizar la sanción disciplinaria.
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ha vuelto a ganar otra batalla judicial luego que, por orden de la Procuraduría General de la Nación, se desestimara el caso que existía en su contra por una presuntas fallas en el proceso de contratación de cuatro pozos subterráneos para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Santa Marta, denuncia que al final no contaba con material probatorio para que fuese tomada en cuenta.
La orden fue hecha por el ministerio público delegado para la Moralidad Pública, dando a conocer que la decisión que se tomó al final sobre declarar la prescripción y terminación del trámite disciplinario contra Caicedo, por las denuncias que vienen desde 2014 mientras se desempeñaba como alcalde de Santa Marta, no cumplían con un mínimo de requisitos para que los testimonios y denuncias fueran tomadas en cuenta.
La investigación se centraba principalmente en el proceso de contratación liderado por la administración de Caicedo, cuyo costo fue de $1.461 millones de pesos, para la construcción de los 4 pozos subterráneos que buscaban cubrir toda la demanda de agua de la capital del Magdalena y que, según la denuncia, se habría firmado con una empresa que no cumplía con los requisitos de necesarios.
Cabe recordar que la Procuraduría en sus declaraciones en aquel entonces, determinó que la presunta actuación irregular de Caicedo vulneraba los principios de función administrativa y de contratación, y que por lo tanto debía ser sancionado con una inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos, al igual que a Efraín Vargas Corvacho, gerente de Proyectos de Infraestructura en aquel entonces.
Finalmente, tras un largo proceso en que se analizaron las declaraciones tanto del denunciante como del acusado, el ministerio público llegó a la conclusión que no existía una evidencia concreta de la falta para seguir adelante en el proceso disciplinario, algo que viene advirtiendo Caicedo desde hace varios años y que en su actual cargo sigue afirmando que se trató de un intento de sus contradictores para eliminarlo del escenario político.
“En virtud de los hechos señalados en precedente, no puede hablarse de mora o negligencia atribuible a los operadores disciplinarios, quienes hicieron lo que estaba a su alcance para realizar la averiguación con rigurosidad intelectual y diligencia”, advierte el fallo firmado por la Procuraduría.
